De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, el expresidente paraguayo Santiago Peña podría enfrentar una pena de hasta 15 años de presidio, informó este 11 de noviembre la Fiscalía General del Estado de ese país suramericano en una conferencia de prensa.
«En cuanto al expresidente [ Santiago Peña], la pena máxima que podría ser aplicada […], conforme a las calificaciones que hasta ahora están previstas, es de hasta 15 años de privativa de libertad, ya que hay más de un hecho punible», puntualizó la fiscal Verónica Valdés, al ser preguntada por los periodistas sobre el tema.
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El exmandatario está incurso en un proceso penal por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de lesión de confianza y conflicto de intereses, puesto que durante un lapso de su ejercicio como jefe de Estado, seguía siendo socio de una de las empresas del conglomerado del que hacía parte el colapsado Ueno Bank.
Tras el anuncio de intervención pública de la entidad el pasado 3 de noviembre, que afectó a cerca de tres millones de personas –la mitad de la población paraguaya– y devino rápidamente en una crisis social y política, Peña trató de frenar las presiones renunciando a su cargo el jueves 5 de noviembre, cuando ya el Ministerio Público había anunciado que figuraba como investigado en el escándalo financiero.
No obstante, el Congreso no aceptó su dimisión y, en su lugar, inició un juicio político que derivó en su destitución. Poco después se le dictó un auto de detención y se le impuso una medida de prisión preventiva, justificada a partir del riesgo de fuga, que cumple en el Regimiento de Escolta Presidencial, órgano a cargo de la seguridad de los presidentes y sus familias, pero también de los expresidentes.
