La Habana. El Consejo de Estado de Cuba publicó el Decreto-Ley 128 que da luz verde a las empresas extranjeras a contratar empleados de forma directa sin pasar por agencias estatales y a abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central de Cuba.
En una rueda de prensa para informar sobre las nuevas normas de flexibilización en la inversión extranjera, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, dijo que estas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, pero su impacto real no es posible “calcularlo”, debido al “componente de presión externa que no podemos desconocer”.
Las medidas fueron publicadas en la Gaceta Oficial y son parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano.
Hasta ahora las compañías internacionales tenían que contratar a los empleados locales mediante agencias empleadoras del Estado; con la autorización, tanto empresas mixtas (público-privadas) como de capital 100% extranjero podrán hacerlo directamente, terminando con el monopolio estatal. También podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera a sus trabajadores.
Por otro lado, las empresas no tendrán que tener permisos del Banco Central de Cuba para manejar cuentas en el exterior, sino que podrán abrir y operar en el extranjero sin autorización. Solo tendrán que notificar la apertura en un plazo de siete días y auditar los movimientos. También se simplifican los permisos para importar y exportar, mediante un proceso digital.
Este jueves también ha entrado en vigor el Decreto-Ley 130, que flexibiliza y actualiza los derechos sobre tierras y propiedad.El miércoles ya había entrado en vigor el Decreto-Ley 133 que permite la formación de empresas privadas mayores de 100 trabajadores, así como la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.
Decisiones también afectan al sector turístico
Entre las medidas también están las que afectan al sector turístico: se podrán crear agencias de viajes privadas, desde la micro hasta la gran empresa. Para impulsar el ecoturismo se posibilitarán inversiones en zonas priorizadas para conservación y en contextos patrimoniales. En este sentido, habrá un impuesto reducido del 25 % para los beneficios en este tipo de proyectos.
