Un ciudadano dominicano, detenido inicialmente en Puerto Rico, fue trasladado al controvertido centro de detención Alcatraz Caimán en Florida, donde denuncia haber pasado 24 horas sin comida, sin acceso a higiene básica y esposado durante todo el trayecto.
Su testimonio, recogido por El Nuevo Día, enciende las alarmas en organizaciones de derechos humanos.
Desde el 26 de enero, la administración Trump implementó una estrategia para aliviar la saturación carcelaria en Puerto Rico, enviando migrantes -en su mayoría dominicanos- al continente. El primer operativo salió de Barrio Obrero, lugar emblemático de la migración dominicana en Puerto Rico, y, a partir del 2 de julio, Alcatraz Caimán comenzó a recibir hasta 750 detenidos en un sitio remoto de los Everglades.
Lo que debe saber de Alcatraz Caimán
- Dominicanos apresados en Puerto Rico están siendo trasladados a ese lugar
- Hacinamiento en carpas bajo calor extremo y fauna peligrosa.
- Legisladores describen “humanos enjaulados” y falta de servicios.
- Inversión millonaria vs. condiciones denunciadas como “inhabitables”.
Condiciones inhumanas en un entorno hostil
Los migrantes viven hacinados en carpas improvisadas bajo un calor abrasador, con escasa agua potable y alimentos en mal estado. El entorno -rodeado de caimanes, serpientes y panteras- y la humedad extrema son descritos como incompatibles con la dignidad humana.
Una visita de legisladores el pasado sábado reveló condiciones “alarmantes”. El senador Carlos Guillermo Smith habló de “humanos enjaulados” sin servicios adecuados. Asimismo, la congresista Debbie Wasserman Schultz denunció jaulas compartidas por 32 personas y agua contaminada.
Entretanto, el representante Darren Soto alertó que el centro, ubicado en una zona proclive a inundaciones, se convierte en una amenaza sanitaria con la cercanía de huracanes. Su advertencia subraya la urgencia de un plan de evacuación.
Alcatraz Caimán es «inhabilitable»
A pesar de una inversión inicial de 450 M USD (luego filtrados 600 M según FEMA), los activistas califican la instalación de “inhabitable”. La Arquidiócesis de Miami y la Coalición de Inmigrantes de Florida han exigido inspección continua y acceso transparente.
La alcaldesa de Miami‑Dade, Daniella Levine Cava, reclama supervisión federal permanente y un protocolo de emergencia. Mientras, el caso del dominicano traslada la urgencia de reformar prácticas migratorias que, de lo contrario, seguirán vulnerando derechos básicos.
