Nueva York.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció este jueves que ampliará el uso de inteligencia artificial para supervisar cómo los estados y otros beneficiarios de fondos federales administran y auditan sus programas de salud. El objetivo es detectar posibles irregularidades, disminuir el fraude y reducir gastos gubernamentales.
La agencia empleará ChatGPT y otras plataformas de IA para revisar de forma permanente los informes de auditoría de los 50 estados, explicó Gustav Chiarello, subsecretario de recursos financieros y responsable de la nueva estrategia.
“Es el típico gran gobierno: todos presentan una auditoría, cae con un golpe sordo y nadie hace nada al respecto”, señaló Chiarello en una entrevista. “Aquí, con la IA, podemos profundizar en ello”.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del departamento para incorporar inteligencia artificial generativa en investigaciones sobre Medicaid, automatización de procesos administrativos y revisión de documentos. Aunque estas herramientas permiten identificar patrones y anomalías en grandes volúmenes de información, especialistas advierten que deben utilizarse cuidadosamente debido a posibles errores o sesgos.
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En los últimos meses, la administración Trump y el equipo antifraude encabezado por el vicepresidente JD Vance han impulsado medidas más estrictas para combatir fraudes relacionados con Medicaid, Medicare, préstamos estudiantiles y otros programas federales. Según declaró recientemente en Fox News el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, estas iniciativas también incluyen sistemas de IA para detectar actividades sospechosas.
Las entidades estatales, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y universidades que manejan al menos un millón de dólares anuales en recursos federales están obligadas a entregar auditorías cada año. Con esta nueva medida, la IA examinará dichos reportes en programas financiados por el Departamento de Salud, incluyendo Medicaid, investigaciones científicas, servicios de adicciones y otras subvenciones federales, indicó Chiarello.
Aquellas instituciones que no presenten los informes correspondientes o no solucionen las observaciones detectadas podrían perder acceso a fondos federales.
Sin embargo, algunos críticos cuestionan la estrategia antifraude de la administración, argumentando que muchas investigaciones se han enfocado en estados gobernados por demócratas y que, en ocasiones, se han iniciado acusaciones antes de confirmar plenamente los datos. The Associated Press informó que, en un caso relacionado con Medicaid en Nueva York, el propio gobierno reconoció errores relevantes en la información utilizada para justificar una pesquisa.
Sobre las medidas para evitar fallos de la IA, Chiarello explicó que las herramientas analizan información pública ya existente y no generan descubrimientos completamente nuevos. También aseguró que la intención es ayudar a los beneficiarios de subvenciones a gestionar mejor los recursos federales.
El departamento informó que ya notificó a gobernadores y tesoreros estatales sobre la puesta en marcha de esta iniciativa. La noticia fue revelada inicialmente por The Wall Street Journal.
Chiarello agregó que mantiene conversaciones con otros organismos federales para que adopten sistemas similares.
“Sería bastante fácil para las otras agencias usar nuestra tecnología y sumarse”, señaló.
