El cóctel de la violencia en Haití

En Haití conviven nueve actores armados: policías, militares, autodefensas, empresas de seguridad privada, pandillas, redes del crimen organizado, delincuentes comunes, la fuerza multinacional autorizada por la ONU y el contingente militar salvadoreño que opera por su cuenta.

Además, están los contratistas militares privados y las élites que financian a varios de ellos.

Juntos forman un cóctel cuyas capas ya no se distinguen, y que amenaza con convertir al país vecino en un Afganistán caribeño.

Los ingredientes

Max Weber definió al Estado por el monopolio de la violencia legítima. Haití es lo opuesto.

Según el encargado de negocios de EE.UU., la Policía tiene unos 6.000 agentes y apenas 400 combaten a las pandillas; la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito eleva la plantilla a entre 9.000 y 10.000. Las Fuerzas Armadas suman unos 2.000 miembros.

Las pandillas tienen entre 12.000 y 20.000 integrantes y, según UNICEF, hasta la mitad son menores de edad.

Las empresas de seguridad privada tienen entre 75.000 y 90.000 empleados. También están las autodefensas del movimiento Bwa Kale; los 1.500 efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas; más de 2.000 soldados salvadoreños y los contratistas de Vectus Global, la empresa de Erik Prince.

En total, entre 100.000 y 125.000 hombres armados en estructuras organizadas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, entre marzo de 2025 y enero de 2026 murieron al menos 3.497 personas en operaciones de seguridad, 1.424 a manos de las pandillas y 598 en ataques de autodefensas.

Sin fronteras

El Panel de Expertos de la ONU documentó policías que revenden munición, pandilleros vestidos de policías que llegaron con placas falsas a la zona verde de Pétion-Ville y jefes que reciben avisos antes de los operativos.

Armas importadas para entes estatales y empresas de seguridad terminaron en manos criminales. Algunas autodefensas se financian con extorsión, y élites políticas y económicas, entre ellas varios exsenadores, suministraban armas y cobertura judicial a la coalición Viv Ansanm.

Líneas cruzadas

En Afganistán, el informe “Warlord, Inc.” del Congreso estadounidense concluyó en 2010 que señores de la guerra custodiaban la cadena de suministro militar y que sus cobros podían financiar a los talibanes.

En Irak, Washington pagó 300 dólares mensuales a unos 95.000 combatientes, muchos de ellos exinsurgentes.

En Haití, la MINUSTAH dejó una incursión en Cité Soleil con más de 20 mujeres y niños muertos, una epidemia de cólera con más de 10.000 víctimas y casos de explotación sexual de menores.

El riesgo actual es claro. En 2021, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó al gobierno de Nayib Bukele de dar incentivos financieros a la MS-13 y al Barrio 18 a cambio de menos homicidios y apoyo electoral.

Hoy, Bukele ofrece retirar sus tropas de Haití si liberan a los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre. Sus soldados actúan al margen de la fuerza multinacional y sin un mando haitiano confirmado. Negociar con pandillas, usar autodefensas como auxiliares o cometer abusos son tres peligros claros.

¿Un afganistán en el caribe?

Las pandillas haitianas tienen entre 1 y 1,7 miembros por cada 1.000 habitantes. Los talibanes, durante el aumento de tropas de la OTAN, tenían entre 0,9 y 1,3. En Afganistán llegó a haber más de 400.000 efectivos de seguridad y aun así los talibanes volvieron al poder.

En Haití hay entre 0,6 y 1,3 efectivos por cada pandillero, pero hay diferencias: Haití carece de un santuario como era Pakistán para los talibanes, y sus pandillas no tienen ideología ni mando unificado. El parecido está en la economía de guerra, que da ingresos a demasiados actores armados.

Contrarreloj

La MINUSTAH llegó por seis meses y se quedó trece años.

Erik Prince dice tener un contrato de diez años. La fuerza multinacional fue renovada hasta marzo de 2027, y las elecciones se aplazaron a julio.

Las misiones largas crean sus propios intereses, con contratos, salarios y rentas que dependen de que el problema persista.

Desarmar el cóctel

La prioridad debería ser ordenar las fuerzas: un mando claro y reglas públicas para toda fuerza extranjera, supervisión independiente de contratistas y drones, registro de la seguridad privada y las autodefensas, rastreo de armas y persecución de quienes financian, y negociación para la desmovilización.

República Dominicana tiene razones de sobra para exigirlo: según el Panel de la ONU, en 2024 se hallaron cerca de un millón de cartuchos de la policía dominicana. Si la respuesta sigue siendo enviar ejércitos, Haití puede terminar con el regusto amargo de Kabul: veinte años, billones de dólares y, al final, los mismos hombres armados en el poder.

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