San Juan. Con el objetivo de establecer los parámetros de injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el presupuesto del país, el Gobierno de Puerto Rico entabló este jueves una demanda en el tribunal federal de quiebras, luego de que el organismo decidiera imponer un plan fiscal distinto al aprobado por la Asamblea Legislativa.
Para el gobernante boricua, Ricardo Rosselló Nevares, con su proceder los miembros de la JSF intentan “usurpar los poderes políticos y gubernamentales y el derecho a la autonomía” de esta isla del Caribe sumida en la bancarrota debido a una deuda impagable de 73 mil millones de dólares.
En la demanda la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) argumenta que el organismo creado por el Congreso de Estados Unidos mediante la legislación Promesa pretende establecer sus preferencias políticas sobre el pueblo de Puerto Rico, controlar de forma excesiva cada aspecto del presupuesto y ejercer poderes legislativos por encima de las prerrogativas del gobierno electo.
Para Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), la demanda “es el paso lógico”, ya que “la junta no puede usurpar ni quitarle los poderes al gobierno electo para determinar política pública y política administrativa”.
“Dentro del presupuesto, ellos incluían lenguaje que esencialmente, sin legislación y sin ningún otro paso, trataban de quitarle poderes al gobierno de Puerto Rico”, manifestó el gobernante a los periodistas durante una rueda de prensa en Humacao (oriente).
El gobernador Rosselló Nevares optó por firmar el presupuesto para el año fiscal 2018-2019, que entró en vigor el pasado 1 de julio, sancionado por la Asamblea Legislativa en lugar del impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal de siete miembros, que preside el empresario José B. Carrión III.
