El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, le dio a Juliana Macedo do Nascimento, quien llegó a Estados Unidos desde Brasil a los 14 años, una esperanza: la protegió de la deportación y le otorgó un permiso de trabajo.
Hoy, 14 años después, el programa atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia. La Administración del presidente Donald Trump ha detenido a cientos y deportado a decenas de beneficiarios y sostiene que DACA no los protege frente a la expulsión.
Macedo, ya con 40 años y quien trabaja actualmente como activista por los derechos de los migrantes en United We Dream, aseguró a EFE que los llamados “soñadores” están siendo perseguidos por el Gobierno.
DACA fue creado mediante una acción ejecutiva para proteger de la deportación a jóvenes que llegaron al país siendo niños. Aunque no ofrece una vía hacia la ciudadanía ni un estatus migratorio permanente, les permite obtener permisos de trabajo y suspende temporalmente las órdenes de expulsión.
Los registros más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) muestran que, a diciembre de 2025, había 495,320 beneficiarios activos de DACA en el país. La mayor parte nació en México, seguido de Guatemala y Perú.
La legalidad del programa lleva años en disputa. Durante el primer mandato de Trump, la Administración intentó poner fin a DACA, pero el Tribunal Supremo bloqueó la medida en 2020 por considerar que el procedimiento utilizado fue inadecuado.
Sin embargo, las disputas legales continuaron y en enero de 2025 un tribunal federal volvió a concluir que partes del programa eran ilegales, aunque permitió que los beneficiarios actuales sigan renovándolo mientras el caso avanza hacia una posible revisión del Supremo.
Programa no protege contra la deportación
Bajo el Gobierno Trump, DHS sostiene que DACA no protege contra la deportación y ha pedido a los beneficiarios “autodeportarse”. En abril, además, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el máximo tribunal administrativo en materia migratoria, concluyó que tener DACA no basta para frenar una expulsión. DACA dejó de aceptar nuevas solicitudes en 2017.
