Brasilia. La Corte Suprema de Brasil ignoró este viernes la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el juicio por golpismo que enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro, quien desde ahora será objeto de nuevas medidas cautelares y tendrá sus movimientos vigilados mediante una tobillera electrónica.
La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, por lo que calificó como una “obstrucción de justicia” en la que habría incurrido Bolsonaro al “inducir, instigar y auxiliar a un Gobierno extranjero a la práctica de actos hostiles contra Brasil”. Una clara alusión a la amenaza hecha por Trump de sancionar al país con aranceles del 50 % si, como dijo en una carta pública, no cesa lo que considera una “caza de brujas” contra Bolsonaro y se pone fin al juicio.
Además de la tobillera, colocada a Bolsonaro en la sede de la Policía Federal tras un registro policial a su domicilio, Moraes dictó otras cautelares respaldadas de inmediato por la Primera Sala del Supremo, en la que cursa el juicio por intento de golpe. Deberá permanecer en su casa durante la noche, no podrá usar sus redes sociales ni contactar a diplomáticos extranjeros, acercarse a embajadas o hablar con otros de los procesados, incluido su hijo y diputado Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace casi cinco meses. El diputado ha sido clave para esas decisiones, pues desde que se instaló en EE.UU. ha mantenido contactos con políticos del entorno de Trump y funcionarios del Departamento de Estado en búsqueda de “justicia” para su padre, que en su opinión se traduciría en algún tipo de sanción contra miembros del Supremo o el propio país.
Según Moraes, la actividad de Eduardo Bolsonaro, financiada por su padre, es un “intento ostensible de someter el funcionamiento del Supremo a Estados Unidos” a fin de “’archivar/extinguir’” la causa por golpismo.
Tras salir de la sede de la Policía Federal, ya con el dispositivo en su tobillo, Bolsonaro hizo un juego de palabras y declaró a los periodistas que ha sido sometido a una “suprema humillación”.
Volvió a insistir en su inocencia, en que el juicio en su contra es “político” y reiteró que no conspiró contra la democracia tras ser derrotado en las elecciones de 2022 por el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Admitió, como hizo ante el tribunal, que buscó alternativas “en la Constitución” para intentar desconocer el resultado de las urnas, pero subrayó que nada se llevó a cabo. “Quieren criminalizar el pensamiento”, declaró. También admitió que “sugirió” viajar a EE.UU., pese a que su pasaporte está retenido por la Justicia y tiene prohibido salir del país, pero alegó que no sería para huir de la justicia, sino para “negociar” con Trump la cuestión aranczlaria, debido a su proximidad con el líder republicano.
“Acción legítima del Gobierno de EE. UU.”
Por su parte, el diputado Eduardo divulgó una nota en sus redes sociales y no dudó en vincular la situación jurídica de su padre con la amenaza arancelaria de Trump, que calificó de “acción legítima del Gobierno de Estados Unidos”. Según el legislador, “en la práctica, Alexandre de Moraes intenta criminalizar a Trump y al propio Gobierno estadounidense”.
Lula calla, pero ya dijo que Brasil no acepta “chantajes”.
