Ginebra, (EFE).- Al menos 44 menores, entre ellos 10 chicas, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad de Irán mediante el uso de fuerza letal desde el inicio de las protestas por la muerte de la joven Mahsa AMini en septiembre de 2022, denunció hoy la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
En el informe actualizado sobre la situación en ese país presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada Nada Al-Sharif recordó que en esta ola de protestas han sido detenidas al menos 20.000 personas por participar en ellas o apoyarlas.
«La situación de los derechos humanos en Irán claramente se ha deteriorado», señaló la «número dos» de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, quien subrayó que «el espacio cívico y democrático siguen estando restringidos en el país».
«Las fuerzas de seguridad usan fuerza de forma desproporcionada en las manifestaciones y en operaciones de seguridad a larga escala que han resultado en muertes de manifestantes», afirmó antes de agregar que también van en aumento «las detenciones arbitrarias de activistas, defensores de derechos humanos y abogados».
Al-Nashif citó además denuncias sobre uso de torturas, violencia sexual y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad contra detenidos con el fin de extraer confesiones forzadas.
La alta comisionada adjunta denunció por otro lado el deterioro de la libertad de opinión y expresión en el país, donde «las autoridades mantienen un amplio control del espacio digital y han incrementado la censura», ya que muchas redes sociales y plataformas para el envío de mensajes están prohibidas desde el inicio de las protestas.
Al-Nashif lamentó asimismo el grave impacto que este deterioro de las libertades tiene para las mujeres y niñas iraníes, en un momento en el que «se han introducido tecnologías de reconocimiento facial para perseguir y castigar a las que cuestionan el uso obligatorio del velo».
Además, advirtió, el país debate a nivel parlamentario reformas legales que podrían aumentar los castigos a las mujeres que no lleven el velo, con penas que podrían incluir latigazos o la cárcel.
Al-Nashif recordó que desde marzo mas de un millar de estudiantes, en su mayoría niñas, han sufrido sospechosos envenenamientos en 91 escuelas del país, evidenciando «el fracaso del Estado a la hora de proteger el bienestar físico y mental de las estudiantes, al no evitar que estos casos se repitan».
El informe presentado por la alta comisionada adjunta ante el Consejo también recordó que en 2022 hubo un aumento del 75 % en las ejecuciones en el país (de 333 el año anterior a 582), entre ellas las de tres menores de edad.
Al menos cuatro de esos ejecutados lo fueron por su participación en las protestas iniciadas por la muerte de Amini, mientras otras 19 han sido sentenciadas a esta pena máxima en la misma situación, afirmó Al-Nashif, quien subrayó que muchos de esos dictámenes se basaron en confesiones obtenidas mediante presiones y torturas,
«En general, el informe muestra un deterioro en los derechos humanos en Irán unido a la falta de medios de la población para poder expresar sus quejas y buscar remedio a ellas», resumió Al-Nashif.
En el turno de réplica, la delegación iraní acusó al informe de tener «motivaciones políticas sesgadas» al estar basado en «medios de propaganda politizados contra Irán» y carecer de «fuentes creíbles y documentadas», usando en cambio otras que calificó de «terroristas y hostiles».
