Sao Paulo. Siete países latinoamericanos le pidieron a Brasil compartir información sobre los acuerdos judiciales a los que llegaron ejecutivos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y podría haber más, dijo un fiscal brasileño. Odebrecht es una de las empresas involucradas en un escándalo de sobornos en torno a la empresa petrolera estatal Petrobras. México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana han realizado 19 solicitudes relacionadas con el caso, dijo Vladimir Aras, director de cooperación internacional de la fiscalía general.
Las revelaciones suscitadas con base en los acuerdos judiciales a los que han llegado los ejecutivos han causado sensación en el mundo político brasileño las últimas semanas. En cuantiosos videos, se acusa al presidente Michel Temer y otros cientos de políticos de corrupción y de obtener fondos de campaña de manera ilegal.
Escándalo
La olla de corrupción destapada ha asombrado a los brasileños tanto por las cuantiosas sumas involucradas, como por el hecho de que ningún partido ha sido eximido de culpa.
“Tendremos un número aún mayor de solicitudes de información proveniente de países latinoamericanos, de países africanos y de Estados Unidos…”, dijo Aras. “Otros fiscales nos han avisado que vendrán más solicitudes”.
Hasta ahora Perú es el que más solicitudes ha hecho, con nueve, dijo Aras.
Las confesiones ofrecidas por ejecutivos actuales y anteriores de Odebrecht a cambio de reducciones de penas han estremecido al mundo político brasileño las últimas dos semanas. Las investigaciones han abarcado ocho ministerios del gobierno, 12 gobernadores, cientos de legisladores y funcionarios públicos y los cinco expresidentes que están aún con vida.
En Panamá cercan a Ricardo Martinelli
Panamá. La Contraloría General de Panamá indicó que 5 proyectos ejecutados por Odebrecht y adjudicados en 2011, durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, tuvieron unos sobrecostes de 318.4 millones de dólares. Las obras, denunció la Contraloría, “nacieron con sobreprecios desde su origen en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)”.
