San Juan.- De cara a la apertura parcial y gradual de las clases presenciales en algunas escuelas públicas prevista para marzo, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decretó este miércoles mediante un orden ejecutiva un estado de emergencia para atender el acondicionamiento y la preparación de las escuelas del sistema público de enseñanza de manera inmediata.

El regreso presencial a las aulas genera disparidad de reacciones en la isla y ni mucho menos es un tema en el que haya unanimidad.

Muestra de ello es la protesta que ha tenido lugar este miércoles en la capital, San Juan, en contra de la reapertura y «para dejar claro que la educación nunca ha estado paralizada» y que un «reinicio de clases presencial sólo cuando sea seguro».

Por ahora Pierluisi sigue firme en su idea de que a comienzos de marzo y de forma progresiva, se vayan abriendo las aulas a la presencia de los alumnos.

«Desde que asumí el cargo de gobernador, hace tan sólo mes y medio, indiqué la necesidad de que nuestras escuelas públicas reabran de forma gradual y segura para recibir a los estudiantes y lograr ofrecer clases presenciales. Dentro de las circunstancias, hay que volver al mayor grado de normalidad posible», dijo en un comunicado.

«Esta es una decisión bien pensada y fundamentada, tomando en consideración las recomendaciones de reapertura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Americana de Pediatría. Para garantizar esa apertura segura, he firmado esta Orden Ejecutiva con miras a que las escuelas públicas se logren acondicionar con la mayor agilidad posible, cumpliendo con todos los requisitos legales de una sana administración pública», reiteró el gobernador.

A través de un tweet, además, resumió la medida en que se trata de un estado de emergencia para «agilizar todos los trabajos necesarios para prepararlas para nuestros niños y niñas».

Mediante la orden ejecutiva por la que se declara el citado estado de emergencia, se faculta al gobernador a decretar un estado de emergencia, se ordena la utilización de un proceso expedito para realizar las compras necesarias, contratar y administrar los trabajos que hagan falta para acondicionar las escuelas que irán abriendo.

Asimismo, se dispone que la Oficina de Gerencia y Presupuesto vele por el ejercicio «responsable» de estas adquisiciones por las agencias de la rama ejecutiva y podrá requerir informes y establecer aquellos controles presupuestarios que entienda necesarios para descargar esta responsabilidad.

Además, la medida insta a las agencias pertinentes a utilizar los acuerdos y contratos ya existentes de la Administración de Servicios Generales (ASG), y toda aquella dependencia que tenga injerencia en los trabajos de acondicionar las escuelas tendrán la potestad de utilizar sus procesos realizando la adquisición de servicios de emergencias.

La contratación de los servicios y adquisición de bienes que sean necesarios para acondicionar las escuelas se hará mediante un proceso de publicación de los trabajos requeridos en las páginas cibernéticas de las agencias contratantes y del Departamento de Educación con un mínimo de tres días desde la publicación para que todo proponente pueda presentar su propuesta y/o cotización.

El mandatario ha insistido en que sólo abrirán aquellas escuelas que cumplan con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el CDC y el Departamento de Salud de la isla.

La orden ejecutiva entra en vigor inmediatamente después de su firma.

No sólo de cara a la reapertura de las aulas está revuelto el panorama educativo en Puerto Rico. También la confirmación de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, es objeto de dudas por algunos sectores.

Las comisiones de Salud y Educación de la Cámara de Representantes de la isla difundieron sus informes de las sesiones de interpelación para la confirmación de Aponte, en los que se recomienda no hacerlo.

Consideran que fue evasiva al contestar las preguntas en las sesiones y de no presentar un plan concreto, además de no tener un protocolo para la reapertura de las clases.

La secretaria de prensa del Ejecutivo de la isla, Sheila Angleró, dijo este miércoles que, pese a todo, Pierluisi tiene su confianza depositada en Aponte y que espera que su nombramiento sea evaluado «justamente y en sus méritos por todos los senadores, quienes son los que tienen la facultad ahora de evaluar ese nombramiento y eso es lo que esperamos que suceda», dijo a la emisora local WKAQ-580. EFE

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