PUERTO PRÍNCIPE — El Tribunal de Apelaciones de Haití decidió reabrir la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, en su residencia privada de Pèlerin. Según el periodico Haitian Times, la decisión anula una orden anterior del juez Walther Wesser Voltaire y designa al magistrado Denis Cyprien como nuevo encargado del proceso.
La sentencia, emitida el 13 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en un caso que llevaba más de cuatro años paralizado y plagado de irregularidades. El tribunal consideró que el fallo anterior presentaba “defectos procesales” y no identificaba a los autores intelectuales del magnicidio.
Cyprien, fiscal de carrera con casi dos décadas de experiencia, se convierte en el sexto juez de instrucción en asumir la investigación. La medida representa una segunda oportunidad para un sistema judicial que ha sido duramente criticado por su falta de independencia y transparencia.
“El país no solo busca justicia para un presidente asesinado, sino recuperar la credibilidad institucional”, señalan analistas haitianos consultados por The Haitian Times.
La investigación anterior, encabezada por el juez Voltaire, había acusado a cerca de 50 personas, entre ellas el ex primer ministro Claude Joseph, el exjefe policial Léon Charles y la ex primera dama Martine Moïse. Sin embargo, la acusación la calificaron como “vergonzosa e injusta” por Joseph y cuestionada por organizaciones civiles por omitir la cadena de mando y los posibles autores intelectuales.
La nueva orden judicial dispone que el expediente se reconstruya “en forma y fondo”, lo que implica volver a escuchar testigos, revisar pruebas y redefinir responsabilidades.
Presión internacional y cooperación con EE. UU. y Canadá
El tribunal confirmó la detención de los sospechosos actualmente bajo custodia, incluidos 17 ciudadanos colombianos y varios policías haitianos. Además, aprobó nuevas diligencias internacionales con Estados Unidos y Canadá, enfocadas en interrogar a testigos clave y rastrear las finanzas detrás del crimen.
Gran parte de la planificación logística del asesinato habría ocurrido en el sur de Florida, donde operaban empresas y ciudadanos vinculados al caso.
Desde 2021, el expediente ha pasado por seis jueces, varios de los cuales renunciaron por amenazas, sobornos o presiones políticas. A día de hoy, más de 40 sospechosos continúan detenidos sin juicio, lo que constituye una violación a los plazos procesales del país.
Para muchos haitianos, el asesinato de Moïse representa el reflejo más brutal del deterioro institucional: un Estado incapaz de proteger a su presidente ni de llevar a los culpables ante la justicia.
Procesos paralelos en Estados Unidos
Mientras en Haití el caso sigue sin resolverse, en Estados Unidos ya hay avances judiciales. Once personas ya la acusaron en Florida por su participación en la trama, de las cuales cinco han sido condenadas a cadena perpetua.
Entre los condenados se encuentran el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, el exsenador haitiano John Joël Joseph y los exmilitares colombianos Germán Rivera y Mario Antonio Palacios.
En una publicación del 7 de octubre, la ex primera dama Martine Moïse recordó los 51 meses del asesinato y pidió justicia. “Al igual que el pueblo, la familia del presidente sufre. Con paciencia, veremos que se haga justicia”, escribió en X, acusando a “oligarcas” y “terroristas” de estar detrás del crimen.
