San Diego. El Gobierno de Estados Unidos rechazó una petición de dar siete días a las familias de indocumentados que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México para analizar sus opciones jurídicas, pues esta medida generaría problemas de espacio en sus centros de detención.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), grupo que demandó al Gobierno por separar a menores de edad de sus padres indocumentados al llegar al país, había pedido siete días para que los indocumentados tengan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”.
Pero el Gobierno presentó ayer un documento ante la corte presidida por el juez Dana Sabraw en San Diego (California) en el que dice que ese plazo extra crearía “ineficiencias” en el sistema.
En su opinión, aumentaría además el “costo y obstaculizaría significativamente” su esfuerzos para lograr una expulsión “expedita” del país, indicó David W. Jennings, director adjunto de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por su sigla en inglés), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Sabraw convocó para esta tarde a ambas partes para explicar cómo va el proceso de reunificación familiar de más de 2,500 menores de entre 5 y 18 años de edad antes de que el jueves expire el plazo fijado, después de que el pasado día 10 se cumpliese un primer límite para entregar a los menores de cinco años.
En la vista se discutirán las cifras dadas este lunes por el Gobierno de que han reunificado ya a casi 1,200 niños de los 1,634 que hasta hoy ha catalogado como “elegibles” para ello, aunque todavía cientos de padres son investigados para determinar si califican para verse beneficiados por esta demanda colectiva.
El pasado día 16, Sabraw había ordenado al Gobierno que detuviese temporalmente las deportaciones hasta que se decidiese si daban más tiempo a los indocumentados para definir su futuro migratorio, plazo que concluía este lunes pero que fue prorrogado por el magistrado hasta hoy.
