Washington, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Donald Trump no descarta recurrir a una maniobra, que muchos en EE.UU. creen ilegal, para evitar que el Congreso tenga que aprobar recortes presupuestarios valorados en miles de millones de dólares, según admitió este miércoles ante el Senado el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought.
“Sólo quiero decir que creemos que tenemos, bajo la ley, numerosas opciones con respecto a cómo lograr ahorros, incluidas rescisiones programadas al final del año fiscal”, explicó Vought, al ser preguntado por la vicepresidenta del Comité de Apropiaciones de la Cámara Alta, la demócrata Patty Murray, acerca de estas intenciones del Ejecutivo republicano.
La pregunta se produjo después de que el propio director de Presupuesto de la Casa Blanca sugiriera en las últimas semanas -en distintos foros- que el Gobierno podría recurrir a la llamada “rescisión de bolsillo”.
La “rescisión de bolsillo” se produce cuando el presidente envía una solicitud de recorte presupuestario al Congreso a menos de 45 días para que concluya el ejercicio fiscal (que termina el 30 de septiembre).
Esto hace que los fondos queden congelados de manera efectiva hasta que finalice el año fiscal y hace que la implementación de los mismos caduque sin que el Legislativo tenga tiempo de hacer nada.
“Lo que le estoy oyendo decir es toda una ensalada de palabras para asegurar que nos está haciendo saber que tienen la intención de hacer cosas que están fuera de la ley”, le respondió Murray, con respecto al polémico recurso, cuya legalidad se sigue debatiendo en EE.UU. puesto que los tribunales aún no han fallado al respecto.
Muchos miembros de ambos partidos del Comité de Apropiaciones del Senado han dicho públicamente que consideran ilegal la “rescisión de bolsillo”, incluida la presidenta del órgano ante el que compareció hoy Vought, la republicana Susan Collins.
Vought insistió en que acudió hoy a este comité a explicar la solicitud de rescisión que el Gobierno envió al Congreso el pasado 3 de junio para “convertir en ley” los recortes diseñados por el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para eliminar 9.400 millones de dólares en ayuda exterior y en radiodifusión pública.
En concreto, la solicitud busca recortar, por ejemplo, unos 400 millones de dólares para los programas PEPFAR, la iniciativa estadounidense para combatir la propagación del VIH y el sida, algo que volvieron a censurar hoy nuevamente miembros republicanos del comité, que alertaron acerca de la importante pérdida de “poder blando” que esto supondrá para EE.UU.
