Kabul, (EFE) – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este lunes, coincidiendo con el primer aniversario de la llegada al poder de los talibanes, que el cierre de las escuelas secundarias femeninas en Afganistán puede acarrear un pesado coste económico de hasta 5.400 millones de dólares.
«Afganistán perderá potencialmente 5.400 millones de dólares en ingresos si el país no consigue educar a las niñas para que completen la educación secundaria», advirtió Unicef en un análisis.
El Fondo estimó las ganancias que los tres millones de jóvenes afganas, pendientes de finalizar sus estudios secundarios, portarían a la maltrecha economía afgana si participasen luego en el mercado laboral.
Los talibanes habían prometido, después de tomar el poder hace hoy un año, reabrir las escuelas para las jóvenes de entre 12 y 18 años en Afganistán tan pronto como se «adaptaran» los contenidos a la ley islámica o sharía.
Pero el pasado 23 de marzo, cuando las afganas se disponían por fin a retomar las clases, los fundamentalistas dieron marcha atrás y mantuvieron el cierre.
«La decisión (…) fue alarmante y profundamente decepcionante. No solo violó el derecho fundamental de las niñas a la educación, también las expuso a un mayor nivel de ansiedad y un mayor riesgo de explotación y abusos, incluyendo la trata infantil y el matrimonio precoz y forzoso», dijo el representante de Unicef en Afganistán, Mohamed Ayoya.
La agencia denunció que este año de cierre de escuelas femeninas «no es desdeñable», aunque reveló que el país «solo» perdería 500 millones de dólares o el equivalente del 2,5 % de su PIB en 2020 si reabriesen hoy en día.
Unicef recordó que antes de la llegada al poder de los talibanes, Afganistán ya contaba con 4,2 millones de menores fuera del sistema educativo, un 60 % de ellos niñas.
«Los derechos de las niñas están bajo ataque, su infancia está marcada por las privaciones», señaló Ayoya.
El cierre de las escuelas femeninas es solo una de las numerosas restricciones impuestas a los derechos de las mujeres por los fundamentalistas desde que llegaron al poder, que incluyen la obligatoriedad del burka o la limitación del acceso a los puestos de trabajo.
Las restricciones han suscitado críticas entre la comunidad internacional y organizaciones pro derechos humanos, mientras que el Gobierno interino de los talibanes se ha esforzado en repetir que las preocupaciones son «infundadas».
