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Santo Domingo;- La oficina del abogado Ángel Lockward informó que será exhumado, en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta, el cadáver de Ruth Elisa Seija Jerez, quien falleció en la discoteca Jet Set como consecuencia del impacto de un techo colapsado, aunque el hospital inicialmente dictaminó su muerte como causada por razones naturales.
Los parientes de esta joven gerente bancaria, quien dejó un niño huérfano, presentarán apelación a la sentencia que impuso como medida de coerción un contrato de fianza de RD$50 millones a las dos personas directamente implicadas. Además, procederán a demandar al Estado como corresponsable, así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional, indicó Lockward.
“Entendemos que la magistrada Veloz, de quien hemos oído las mejores ponderaciones, disponía de un catálogo de medidas: desde la más gravosa, que es la prisión preventiva, pasando por el arresto domiciliario, hasta una fianza por contrato.
Sin embargo, equiparó 235 muertos y 180 heridos a un accidente de tránsito, dejando de lado el principio de proporcionalidad”, expresó Lockward.
Ya antes, en este mismo caso, la jueza Veloz había dispuesto la oposición al traspaso de los bienes de Antonio Espaillat por solo 60 días, mediante la Orden 2025-a-j0024187, período que ya venció.
Esto indica que los bienes ya están libres, dejando sin oposición los activos de Inversiones E y L SRL, lo que les ha permitido disponer de decenas de millones en sus cuentas bancarias.
Según consta en el expediente, más de RD$25 millones figuran en cheques librados desde una de sus cuentas. Peor aún, negó la oposición a los bienes de la empresa propietaria del local colapsado, solicitud hecha por los querellantes.
Tampoco compartimos el criterio de que el imputado ha sido diligente en atender a las víctimas, basándose en 57 acuerdos depositados, ya que solo cinco corresponden a personas fallecidas tres de ellos empleados, y la mayoría se trata de acuerdos con empleados a quienes se pagaron sus prestaciones laborales o abogados que recibieron en promedio RD$200,000.
Entendemos que una magistrada con una carrera tan destacada, sabiendo aunque el resto no lo sabíamos de su larga vinculación familiar con los socios del imputado, debió inhibirse. La ciudadanía tiene una percepción negativa sobre las presiones, actuaciones u omisiones del Gobierno en este caso, y esa decisión judicial agrava el ambiente, indica la nota.
“Aún no compartimos la tesis de otros colegas sobre el homicidio voluntario, pero apelaremos porque la decisión judicial ha sido excesivamente laxa, y solo se combate mediante los recursos correspondientes”, declararon los doctores Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes encabezan el aspecto penal del proceso.
