Cúmulo de penas, Inteligencia Artificial y mora judicial centran la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició este lunes 5 de octubre las vistas públicas para escoger a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una primera jornada marcada por debates sobre las penas de hasta 60 años de prisión, la mora judicial, la transformación digital, el uso de inteligencia artificial en los tribunales y los desafíos que plantea el cibercrimen.
El proceso, encabezado por el presidente Luis Abinader, comenzó a las 9:53 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Para esta primera sesión fueron convocados 21 de los 88 aspirantes que participan en el proceso de selección para cubrir las vacantes existentes en la Suprema Corte, pero solo 19 acudieron.
Las entrevistas permitieron conocer las posiciones de los candidatos sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de justicia dominicano. Además de evaluar la trayectoria profesional, formación y experiencia de los aspirantes, los integrantes del CNM plantearon preguntas relacionadas con las reformas legales recientes y el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
De esta manera, la primera sesión trascendió la evaluación curricular de los candidatos y abrió discusiones sobre política criminal, eficiencia judicial, transformación tecnológica, acceso a la justicia y el papel que debe desempeñar la Suprema Corte en la unificación de la jurisprudencia.
Cúmulo de penas
Uno de los temas que produjeron posiciones claramente diferenciadas durante las evaluaciones fue el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión. Rafael Armstrong Báez García cuestionó que el aumento de las condenas constituya por sí mismo una solución frente a la criminalidad y puso sobre la mesa el debate sobre la función de la pena y las posibilidades reales de reinserción de una persona sometida a condenas de varias décadas.
El planteamiento introdujo en las vistas públicas una discusión que va más allá de la duración de las condenas y alcanza aspectos relacionados con la política penitenciaria, la rehabilitación de los internos y la capacidad del sistema para reducir la reincidencia. Desde esa perspectiva, la severidad de la sanción constituye solo uno de los componentes de la respuesta estatal frente al delito.
Miguelina de Jesús Beard Gómez defendió, en cambio, la aplicación de penas acumuladas de hasta 60 años al considerar que pueden resultar proporcionales a la gravedad y cantidad de los hechos imputados. Las posiciones contrapuestas colocaron dentro de las entrevistas del CNM uno de los debates jurídicos surgidos a raíz del endurecimiento de determinadas sanciones penales.
La discusión también evidenció las diferentes concepciones existentes sobre la proporcionalidad de las penas y la respuesta que debe ofrecer el Estado frente a personas responsables de múltiples infracciones. El tema adquirió especial relevancia por las modificaciones introducidas en el nuevo Código Penal y por las consecuencias que tendrá su aplicación para jueces, fiscales, defensores y el sistema penitenciario.
La mora judicial constituyó otro de los ejes de las evaluaciones. Luis Sulpicio Almonó Núñez planteó fortalecer la justicia digital, reducir los retrasos y avanzar hacia una mayor unificación de criterios en materia penal, mientras Teófilo Andújar señaló los problemas relacionados con el traslado de privados de libertad como uno de los obstáculos prácticos que dificultan la celebración de audiencias y prolongan los procesos.
Andújar puso así el foco sobre un componente operativo que incide directamente en el funcionamiento de los tribunales. El traslado tardío o la imposibilidad de movilizar a los privados de libertad puede provocar aplazamientos de audiencias, acumulación de expedientes y retrasos que terminan afectando tanto a los imputados como a las víctimas y demás partes involucradas.
Entretanto, William Radhamés Encarnación Mejía consideró que el endurecimiento de las penas contemplado en el nuevo Código Penal debe ir acompañado de condiciones adecuadas en los centros penitenciarios que permitan la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas. A su juicio, el aumento de las sanciones responde a la necesidad de enfrentar los niveles de criminalidad, pero el sistema de justicia debe procurar que quienes cumplan condenas puedan regresar a la sociedad con una conducta diferente.
Inteligencia artificial y cibercrimen
La transformación tecnológica del Poder Judicial ocupó una parte relevante de las entrevistas. La magistrada Mery Laine Collado defendió la utilización de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para mejorar la productividad y agilizar determinados trabajos judiciales, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener la responsabilidad humana sobre las decisiones.
Su posición situó dentro del proceso de selección un debate que comienza a adquirir importancia para los poderes judiciales: hasta dónde pueden utilizarse sistemas automatizados para asistir a magistrados sin delegar en ellos facultades que corresponden exclusivamente al juez.
Collado ha participado, además, en iniciativas iberoamericanas relacionadas con sistemas de productividad jurisdiccional y redacción asistida mediante IA bajo supervisión humana. Su planteamiento apunta hacia un modelo en el que estas tecnologías pueden utilizarse para organizar información, facilitar tareas y apoyar la elaboración de documentos, mientras la valoración jurídica y la decisión final permanecen bajo responsabilidad del magistrado.
La cuestión resulta especialmente relevante para una Suprema Corte que deberá pronunciarse durante los próximos años sobre conflictos derivados de tecnologías cuya utilización se expande con mayor rapidez que la legislación destinada a regularlas.
Yrcania Casado llevó la discusión tecnológica hacia otro terreno al plantear la necesidad de desarrollar jurisprudencia capaz de responder al cibercrimen y las nuevas modalidades delictivas vinculadas al entorno digital.
El planteamiento conecta con uno de los retos que deberá afrontar la próxima composición de la Suprema: interpretar normas frente a conflictos que evolucionan al ritmo de la tecnología. Fraudes digitales, delitos cometidos mediante plataformas electrónicas y nuevas formas de obtención y utilización de pruebas representan escenarios que obligarán a los tribunales a desarrollar criterios adaptados a esas realidades.
Casación y mora judicial
Otros aspirantes concentraron sus intervenciones en la eficiencia institucional. Román Berroa defendió la continuidad de la transformación judicial y una justicia más accesible, mientras Juan Bautista Castillo Peña abordó los cambios introducidos por la nueva legislación sobre casación y sus posibilidades para agilizar los procesos. Franklin Concepción también trató durante su evaluación la nueva Ley de Casación y el proceso de transformación digital.
La casación apareció de manera recurrente porque constituye una de las funciones fundamentales de la Suprema Corte y porque la reforma aprobada en 2023 modificó aspectos relevantes del procedimiento. Para los futuros integrantes del alto tribunal, la aplicación de esa normativa estará estrechamente relacionada con la capacidad de reducir retrasos y fortalecer la función jurisprudencial de la SCJ.
Asimismo, Ylona María de la Rocha Camilo consideró que uno de los principales retos del alto tribunal es consolidar una jurisprudencia que permita unificar criterios entre los tribunales y garantizar respuestas semejantes ante casos con características similares.
La aspirante destacó los cambios introducidos por la nueva Ley de Casación, promulgada en 2023, y sostuvo que esta normativa fortalece el papel de la Suprema Corte como órgano encargado de contribuir a la coherencia del sistema judicial.
La unificación de criterios constituye un elemento relevante para la seguridad jurídica, debido a que las decisiones de la Suprema sirven como referencia para los tribunales inferiores y contribuyen a establecer interpretaciones sobre la aplicación de las leyes.
Radhar Coronado abogó por procedimientos judiciales más efectivos y plazos abreviados, mientras Óscar D’Óleo propuso otorgar herramientas a los jueces del Tribunal Superior Administrativo para facilitar acuerdos que permitan disminuir la litigiosidad en materia fiscal.
Juan Castillo Cabral, por su parte, centró parte de su intervención en la supremacía constitucional y recordó el principio según el cual las normas contrarias a la Constitución carecen de validez.
Matías Modesto del Rosario defendió la implementación de una metodología de cero mora judicial, basada en su experiencia de 26 años como docente, con una propuesta orientada a impulsar una justicia con enfoque humano y mayor cumplimiento normativo.
Las diferentes intervenciones mostraron que la mora judicial continúa siendo una preocupación transversal entre quienes aspiran a integrar la Suprema Corte. El problema involucra desde la gestión administrativa y la digitalización hasta la organización de las audiencias, los procedimientos de casación y la coordinación entre las distintas instituciones que participan en los procesos.
Abinader a favor del cúmulo
El presidente Luis Abinader defendió este lunes la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal y afirmó que una persona con múltiples antecedentes delictivos tiene pocas posibilidades de reincorporarse a la sociedad.
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”, declaró durante las entrevistas en medio del debate sobre el tema.
El mandatario sostuvo que el país debe contar con un régimen sancionador capaz de responder a las modalidades actuales de delincuencia. “Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, señaló.
Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron precisamente mientras varios candidatos exponían ante el CNM visiones diferentes sobre el alcance de las penas, la rehabilitación penitenciaria y la proporcionalidad de las sanciones.
Abinader ya había defendido públicamente el endurecimiento de las penas incorporado al nuevo Código Penal. El pasado 28 de septiembre afirmó que la nueva legislación refuerza la lucha contra la delincuencia e incluye en numerosos casos la posibilidad de acumular sanciones.
La discusión sobre este punto, junto con las propuestas para combatir la mora, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la jurisprudencia, terminó convirtiendo la primera jornada de entrevistas en un escenario para conocer las distintas visiones sobre el rumbo que debería asumir la justicia dominicana.
Las evaluaciones continuarán con los demás aspirantes.
Abinader: “Hasta la palabra es insultante”
El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que el término “doméstica” puede resultar despectivo para referirse a las personas que realizan labores del hogar y consideró que debe eliminarse su uso.
El jefe de Estado destacó la importancia del trabajo que realizan los cuidadores del hogar en el cuidado de los niños pequeños, al señalar que, en muchos casos, son “casi la segunda madre que los cría y los educa”.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante, eso hay que ir eliminando esa palabra. Un término totalmente despectivo”, expresó el mandatario durante la evaluación de la aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Úrsula Josefina Carrasco Márquez, en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Abinader recordó que su administración había abordado previamente este tema mediante una disposición de carácter administrativo, con el propósito de establecer un tratamiento distinto para quienes realizan labores del hogar. Sin embargo, explicó que dicha medida fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
El mandatario señaló que, tras esa decisión, el tema quedó contemplado en el nuevo Código Laboral, donde se establece el marco correspondiente para regular las condiciones de quienes desempeñan estas labores.
Durante la evaluación, Carrasco Márquez planteó la necesidad de revisar el régimen laboral aplicable a los cuidadores del hogar y establecer mecanismos que les permitan acceder a una mayor protección laboral y a la seguridad social. También propuso evaluar modelos de contratación mediante empresas especializadas que permitan a estos trabajadores acumular derechos y beneficios para su jubilación.
Luis Abinader
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad”
