Los representantes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., acusadas en el expediente por corrupción administrativa denominado Coral, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.

El acuerdo fue basado en un procedimiento penal abreviado. Los acusados aceptaron de manera expresa los hechos de la acusación a cambio de negociar la pena.

El Ministerio Público informó que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos en contra del grupo acusado de estafar al Estado a través de instituciones militares.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.

Cada una, además, deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, implicados en el caso.

Por otro lado, la jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.

Entre los acusados están el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola; Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y otros imputados.

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