El exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, está ocupando su tiempo en prisión en la preparación, junto a sus abogados, de la solicitud que hará a un tribunal para que disponga el cese de esta medida de coerción.
Su defensa adelantó que la semana que viene depositarán ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el pedimento que se basa en que para ese entonces, según explicaron, Rodríguez ya habrá cumplido los 18 meses de prisión preventiva, que es el tiempo máximo para esta coerción, según indica la normativa procesal penal.
Lo que busca el exprocurador es que al igual que a otros imputados en los demás casos de corrupción, se le otorgue su libertad al vencerse el tiempo que manda la ley.
Desde que lo sometieron a la Justicia en el mes de julio del 2021, el exfuncionario ha solicitado varias veces su salida de la cárcel.
El proceso
“El plan de nosotros es depositar el mismo día 9 (de enero) una solicitud al tribunal para que se pronuncie con respecto al cese y si no está de acuerdo con el cese de oficio, que fije audiencia a fin de conocerlo”, explicó el abogado Gustavo Biaggi, que integra la barra de defensa del imputado.
Los cálculos de los abogados establecen que el día 8 de enero es cuando se cumple el año y medio de prisión preventiva. Fue el 13 de julio del 2021 cuando la jueza Kenya Romero envió a Rodríguez a cumplir prisión preventiva en la cárcel Najayo, en San Cristóbal.
Sobre las condiciones de Rodríguez, el abogado Biaggi indicó que se encuentra de buen ánimo, trabaja en su defensa y analiza las pruebas en su contra, debido a que el 24 de febrero se tiene previsto que el juez Amauri Martínez comience con la audiencia preliminar del caso Medusa.
Hay revisión de medida para el 17 de este mes
Al margen de lo anterior, para el 17 de enero está en agenda que el magistrado Martínez revise la medida de coerción a Rodríguez, por lo que si se conoce antes la solicitud del cese, entonces esto quedaría sin efecto. El exprocurador acusado de liderar una red de corrupción que desvió miles de millones de pesos de los fondos de la Procuraduría General de la República.
