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Santo Domingo, RD.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó el fallo para el mañana jueves a las 3:00 de la tarde de la solicitud de medida de coerción a los imputados de la Operación Camaleón.
En la acción judicial están implicados el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de la institución; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien era el titular de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
También está implicado en este caso e Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, para quienes el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva.
Acusación
Los imputados están acusados de estafar al Estado dominicano mediante una licitación de 1,200 millones de pesos a través de una supuesta red criminal de corrupción administrativa que operó en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), según la acusación presentada por el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la directora de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Fue el pasado miércoles 02 de octubre cuando el Ministerio Público dejó bajo arresto al exdirector del Intrant, Hugo Beras y al empresario Jochi Gómez y anunció los resultados preliminares de la denominada Operación Camaleón, una jornada que consistió en allanamientos en el Distrito Nacional a los siete imputados.
A estos ciudadanos se les inculpó de operar un supuesto entramado de corrupción, liderado por el exdirector del Intrant, que cometió crímenes como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica”, por medio de alta tecnología y robo de identidad.