La Pepca afirma exprocurador y otros acusados también falsearon y suplantaron decenas de documentos públicos
Las acciones cometidas por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus cómplices para lucrarse con dinero del Estado no solo consistían en amañar los procesos de licitación, sino que, además, robaron identidades, falsificaron decenas de documentos y hasta la firma de un perito internacional.
La afirmación la hacen los fiscales anticorrupción en la acusación formal que presentaron contra Rodríguez y los otros 40 imputados en el caso Medusa, en cuyo documento se relatan las supuestas maniobras realizadas para desviar dinero.
En las investigaciones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) determinó que la estructura de crimen organizado de la que presuntamente el exprocurador era el cabecilla, falsificó, suplantó y alteró decenas de documentos públicos, como parte de su plan para poder sustraer los fondos de las cuentas de la Procuraduría.
Indican que, por ejemplo, falsificaron por imitación la firma del presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General en las actas de la celebración de las reuniones, en las cuales se debían tomar las decisiones para el desarrollo de los procesos de compras y adjudicaciones.
Replicaron rubrica
En el documento precisan que no solo falsificaron la rúbrica del referido funcionario, sino que, también, digitalizaron la firma para posteriormente cortar el recuadro donde estaba y pegarla o superponerla en una serie de documentos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República.
“Estas prácticas formaban parte de las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por la estructura de criminalidad organizada que manejaba los procesos de compras de la institución para favorecer de manera particular a entidades que guardaban vínculos con los principales miembros de la estructura, y otras a la cuales exigían soborno para adjudicarles las obras por medio de los procedimientos de Licitación Pública Nacional”, dicen los fiscales.
Otras de las falsificaciones, dicen que ocurrió en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que es una dependencia de la Procuraduría, el cual, añaden, también fue objeto del mismo esquema de soborno, falsificaciones y ambición del entramado criminal.
En el documento precisan que con el objetivo de tener mayores “márgenes de ganancia”, los miembros de supuesta red falsificaron la firma de un perito internacional al que contrataron, pero no le culminaron su pago. La adulteración de la rúbrica, indica, era para justificar la adjudicación sobre un informe pericial falso.
Otro proceso en el que, indican los fiscales, se puso de manifiesto las maniobras utilizadas por la estructura criminal fue en el proceso de licitación pública nacional para la contratación de equipos e insumos para la puesta en marcha del laboratorio de identificación ADN.
Destacan que para manipular esta licitación, Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien se desempañaba como director administrativo, y Rafael Stefano Canó Saco, para ese entonces jefe de Gabinete del exprocurador, en asociación con otras personas realizaron múltiples maniobras fraudulentas para adjudicarle la licitación a una empresa a cambio de beneficios económicos.
Dicen que dentro de las maniobras realizadas, está la elaboración de un informe falso con el logo del Ministerio Público, el nombre de la Procuraduría General de la República y las siglas INACIF, simulando que había sido hecho por el encargado, a quien le falsificaron su firma.
Falsificación en proceso alimentos de reclusos
Además de todo eso, Rodríguez, quien cumple prisión preventiva desde hace un año en la cárcel Najayo por su vinculación al caso Medusa, y sus alegados cómplices habrían usurpado la identidad de personas que figuran como accionistas y representantes de las empresas que escogían para ser los suplidores de alimentos para los reclusos del país.
En el documento acusatorio, los fiscales dicen que se falsificaron las firmas de varias personas para que figuraran en los documentos societarios registrados en la Cámara de Comercio de la jurisdicción competente, y en contratos ficticios de alquiler de vehículos de transportación, utilizados en ocasión a las licitaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República y así ganar contratos para la alimentación en las cárceles durante la administración de Rodríguez.
Por igual, afirman que hubo falsificación de firmas y sellos que figuran en los conduces con los que sustentaron los pagos de las facturas que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos de la Cruz y sus testaferros reportaron a la Procuraduría por concepto de entrega de alimentos en los distintos recintos penitenciarios, las cuales, señalan, difieren con los conduces entregados a los recintos en cuestión.
Sobornos encargados de prisión
Con el tema de los alimentos a los reclusos, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que también hubo prácticas corruptas de ofrecimiento de sobornos a los encargados de los recintos penitenciarios para que recibieran conforme los alimentos podridos, en mal estado, o distintos a los licitados y contratados.
Según las investigaciones realizadas por los fiscales, a las maniobras para distraer dinero con la compra de los alimentos de los reclusos, se le sumaban que la comida que se entregaban en los distintos recintos penitenciarios estaba incompleta, podrida, pestilente y con gusanos.
“Es decir, no aptos para el consumo humano, violentando la cadena de salubridad y conservación de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios, la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad, y de los internos mismos”, señalaron.
Sobre este punto, dicen que Rodríguez prevaricó mientras fungía como procurador general de la República para favorecer a las empresas que escogían con aproximadamente DOP$ 1,667, 559, 889.00, de los fondos destinados para el suministro de insumos para la preparación de alimentos en los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país.
Conjunto de acciones criminales
De Rodríguez, la Pepca dice que desvió fondos públicos para su enriquecimiento e incremento patrimonial no justificado, creando una estructura de crimen organizado de la cual era el cabecilla.
Manifestaron que este no tenía límites en sus maniobras para lucrarse con el dinero del Estado.
“Con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, despliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su pasó por la administración pública, lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial, sino uno organizado y con una muy clara misión y visión de lo que quería del Estado dominicano”, precisa la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el documento acusatorio.
Afirma exprocurador amenaza testigos
Que Jean Alain esté preso no es impedimento para amenazar a testigos, indican los fiscales anticorrupción, que destacan en el documento que “uno de los desafíos más importante que ha tenido que superar el equipo de hombres y mujeres que ha trabajado este sofisticado entramado de corrupción, ha sido hacer frente a las constantes maniobras del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez para obstruir la investigación”. Aseguraron que Rodríguez se dedica de forma directa e indirecta a amenazar testigos y personas que se acercaron al Ministerio Público para colaborar. “El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez no tuvo éxito, ya que la investigación nunca se detuvo a pesar de los obstáculos que tuvo que superar”, señalan. En el documento acusatorio, el órgano acusador no señaló cuáles, de los 400 testigos que ofrecen, habían sido amenazados por el exprocurador.
MP: antes de llegar a PGR pensó en lucrarse
Para el órgano acusador, Rodríguez desde antes de llegar a la administración pública tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público. Dicen que esto se evidencia en su primera declaración jurada de bienes declaró un patrimonio de RD$220,586.137.47, “para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía”. “Lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró, hoy sus bienes multiplican la aun falsa declaración jurada”, precisan. La Pepca ha dicho que con todo lo presentado en el expediente, tienen una acusación “que no tiene precedente en la República Dominicana” En el expediente, que consta de 12,274 páginas, hay 3,500 pruebas de lo cuales hay más de 400 testigos contra los imputados.
12,274
Documentos. El número de páginas que tiene la acusación del denominado caso Medusa es de 12,274.
3,500
Cifras. Las pruebas con las que la Pepca dice que sostendrá la acusación contra los imputados son más de 3,500.
41
Cantidad. En este proceso judicial, además de Jean Alain, hay otras 40 personas que fueron acusadas formalmente .
22
Cifras. La cantidad de empresas implicadas en los supuestos ilícitos son 22, las cuales fueron imputadas por la Pepca.
