El Ministerio Público ejecutó la Operación Domo, con la cual desmanteló una red que lucraba con la piratería digital mediante la reventa ilegal de señales de televisión paga y plataformas de streaming.
Los acusados enfrentan cargos sustentados en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que establece severas sanciones contra la reproducción y comercialización ilícita de obras.
La Operación Domo, en claves
- El MP desmanteló una red que pirateaba TV y streaming.
- Cuatro detenidos enfrentarán cargos judiciales.
- La Ley 65-00 sanciona con multas y cárcel.
- Incluye decomiso de equipos y ganancias ilícitas.
- El caso conecta con lavado de activos y crímenes tecnológicos.
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Sanciones a la piratería digital
La Ley 65-00, vigente desde el año 2000, prohíbe la reproducción, comunicación pública o venta de contenidos sin autorización de su autor.
En el caso de la piratería digital, esto abarca la reventa de señales televisivas, plataformas de streaming y software. Las sanciones incluyen multas económicas, prisión y decomiso de equipos usados en la actividad ilícita.
Durante los allanamientos de la Operación Domo se incautaron dispositivos tecnológicos, vehículos y documentación, confirmando el alcance económico de la red.
Los imputados también enfrentarán cargos bajo la Ley 53-07 de Crímenes Tecnológicos y la Ley 155-17 de Lavado de Activos, debido al uso de criptomonedas para canalizar ganancias ilícitas.
El modus operandi de la red Domo
La red desmantelada en la Operación Domo utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional. El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
Alcance de la protección legal
La Ley 65-00 protege tanto a autores dominicanos como extranjeros cuando sus obras circulan en el país. Reconoce derechos morales (reconocimiento del autor) y patrimoniales (explotación económica), garantizando un marco integral.
En el caso de la Operación Domo, se trata de una aplicación práctica de esta normativa en un escenario donde confluyen la piratería organizada, la criminalidad transnacional y el uso de mecanismos financieros ilegales.
