La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, encabeza una investigación del Ministerio Público que busca esclarecer presuntas prácticas de chantaje y manipulación a través de redes sociales y programas de televisión.
La pesquisa se enfoca en posibles esquemas donde comunicadores y figuras públicas estarían utilizando sus plataformas mediáticas para ejercer presiones ilegítimas, difundir campañas de descrédito y realizar extorsiones.
Entre los investigados se encuentran reconocidos comunicadores como Ángel Martínez, Claudia Pérez (“La Tora”), Luis Alfredo Cabrera (Kapulet), José Maracallo y Fernando Peña. Según Ramos, estas acciones han generado un ambiente de conflicto y desconfianza en el debate político y en la credibilidad de los medios.
«El Ministerio Público no permanecerá indiferente. Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas, y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegitima en las actuaciones de los señores Ángel Martinez, Claudia Pérez
-mejor conocida como «La Tora»-, Luis Alfredo Cabrera -conocido en las plataformas digitales como Kapulet-, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados a dichas actividades». dice en su comunicado.
La procuradora enfatizó que la investigación no busca limitar la libertad de expresión, sino protegerla, impidiendo que se convierta en un instrumento de coacción o chantaje. “Cuando las palabras se transforman en mecanismos de presión, el Estado debe actuar”, afirmó.
Con este proceso, el Ministerio Público pretende garantizar que el ejercicio periodístico se mantenga dentro de los límites de la ética y la legalidad, promoviendo un ambiente mediático respetuoso y veraz.
COMUNICADO íntegro de la Rosalba Ramos
Desde la posición que me honra ocupar como fiscal, en nombre del Ministerio Público dominicano, me dirijo al país para expresar una seria preocupación institucional, y sobre todo una firme determinación frente al clima creciente de conflictividad comunicacional que amenaza con socavar los pilares del debate político y la confianza ciudadana en los medios de comunicación
En los utimos meses, hemos sido testigos de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas. Esta situación, más que un debate democrático, ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos.
El Ministerio Público no permanecerá indiferente. Hemos iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas, y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegitima en las actuaciones de los señores Ángel Martinez, Claudia Pérez
-mejor conocida como «La Tora»-, Luis Alfredo Cabrera -conocido en las plataformas digitales como Kapulet-, José Maracallo, Fernando Peña y demás profesionales relacionados a dichas actividades. No permitiremos que la libertad de expresión -derecho sagrado en nuestra democracia- se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza
Es una verguenza social que quienes están llamados a ser guardianes de la verdad y la objetividad hayan comenzado a alimentar una espiral de conflictos, denuncias sin fundamento y operaciones que, lejos de informar, deforman. Hacemos un llamado a los gremios, a los líderes de opinión y a la ciudadanía en general para rechazar estos métodos, y contribuir a restaurar la altura, la ética y el compromiso que exige el ejercicio comunicacional.
Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar, dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas.
Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas. y las palabras en mecanismos de coacción, el Estado debe responder. Y así lo haremos
