La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dictaminado que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue el jefe de la estructura paramilitar Los 12 apóstoles, que en los años noventa ejecutó un plan de asesinatos en connivencia con agentes del Estado.
La Sala Plena del tribunal supremo del país ha ratificado, en última instancia, la condena a 28 años de prisión contra el ganadero por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. En concreto, se refiere al asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de un bus que fue baleado por sicarios en un pueblo de Antioquia tras ser señalado falsamente de ser un colaborador de la guerrilla.
“Tema devastador para mi familia”, ha asegurado el expresidente a través de X al enterarse de la noticia, en la tarde de este jueves. El abogado Jaime Granados, quien ha defendido al exmanadatario en un caso de soborno a testigos, y quien también era el apoderado de su hermano menor, ha calificado la condena como injusta. Pese a que se trata de un fallo de última instancia, Granados ha informado a través de un comunicado que seguirá defendiendo a Santiago Uribe Vélez, “pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”.
Le recomendamos: El juego electoral sucio en Colombia
Este fallo, de 605 páginas, pone fin a un proceso judicial que se remonta a 1995, cuando Uribe Vélez empezó a ser investigado por la conformación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles, creado en 1992 por ganaderos, empresarios, policías e incluso un sacerdote que buscaban frenar la expansión de las guerrillas.
Se trataba de una organización de “justicia privada” que, según se ha determinado en otras sentencias, ejecutó un plan sistemático de exterminio de personas consideradas indeseables en los municipios de Campamento, Yarumal y Valdivia, en el norte antioqueño.
La investigación fue archivada en 1999, pero en 2010 las declaraciones del mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses, volvieron a apuntar a Santiago Uribe como una de sus cabezas. La Fiscalía, entonces, encontró pruebas para pedir que se reabriera el caso.
“Dentro de la hacienda La Carolina (Santiago Uribe) le enseñó (a Meneses) una pista de entrenamiento paramilitar y le mostró una lista con nombres de entre 20 y 25 personas con presuntos vínculos con la guerrilla, a quienes el sindicado quería asesinar. Entre ellos figuraba Camilo Barrientos Durán”, indica una de las sentencias al citar las declaraciones de Meneses. El asesinato de Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994, se convirtió en una pieza clave del proceso, aunque en la “lista negra” que definía los “objetivos militares” figuraban otras decenas de nombres.
Le recomendamos leer
En febrero de 2016, la Fiscalía capturó a Santiago Uribe, quien permaneció privado de la libertad por dos años, de forma preventiva. Luego inició un arduo proceso judicial que demoró cerca de cuatro años en audiencias y otros tres para que un juez profiriera una sentencia. En noviembre de 2024, el fallo de primera instancia fue absolutorio.
El juez Jaime Herrera Niño consideró que el grupo de Los 12 apóstoles sí existió: “No es una narración periodística ni un cuento de miedo inventado por los medios de comunicación; sino una realidad dolorosa que vivió la población del norte de Antioquia”, pero señaló que errores de la Fiscalía, un testigo estrella dudoso y un cargo de homicidio impreciso lo habían conducido a la absolución.
Justo un año después, en noviembre de 2025, el caso dio un giro, cuando el Tribunal Superior de Antioquia concluyó que el hermano del expresidente sí había dirigido “un grupo criminal que hacía limpieza social” y lo condenó a 28 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado, la misma línea que sigue la sentencia de segunda instancia emitida este miércoles por la Corte Suprema de Justicia.
A Los 12 apóstoles, grupo que después se alió con las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), se le atribuyen más de 300 asesinatos selectivos, desplazamientos, desapariciones o amenazas. Entre otros episodios, es señalado de haber participado en la Masacre del Aro.
Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz con las FARC, apunta a que las víctimas podrían ser más. El tribunal habla de 525 homicidios, cometidos por sicarios que actuaban bajo sus órdenes. Pese a que la JEP no acoge procesos vinculados con el paramilitarismo, sí ha recopilado testimonios y aceptado el sometimiento de antiguos paramilitares de manera excepcional.
Con esta decisión judicial, los vínculos con el paramilitarismo vuelven a ensombrecer la historia de la familia Uribe Vélez. El mismo expresidente, el político más poderoso de la derecha colombiana, ha sido señalado en varias ocasiones por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
Las dudas sobre el exmandatario, cuya principal bandera para llegar al poder fue la lucha frontal contra las guerrillas —las FARC fueron las responsables del asesinato de su padre en 1983—, se centran en tres factores. Primero, en que era gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, años en que su hermano permaneció al mando de Los 12 apóstoles. Segundo, que en ese periodo impulsó unas cooperativas privadas de seguridad, llamadas Convivir; y tercero, que luego como presidente (2002-2010) lideró una polémica negociación con los principales grupos paramilitares que llevó a su desmovilización. Sin embargo, esos vínculos nunca han sido probados.
