El presidente Luis Abinader reaccionó a la puesta en marcha de la Operación Cobra, un extenso operativo del Ministerio Público que investiga un presunto esquema millonario de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Desde su cuenta en X, el mandatario reiteró: “Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos”.
La declaración coincide con la fase de judicialización anunciada por el Ministerio Público, que involucra allanamientos, arrestos y una extensa lista de cargos criminales. El operativo impacta directamente en la principal ARS pública del país, responsable de garantizar servicios de salud a millones de ciudadanos.
En la Operación Cobra han sido arrestados el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otras siete personas, acusadas de desfalcar y manipular fondos públicos mediante sobornos, falsificaciones, estafas y lavado de activos. A ellos se suman varias personas físicas y jurídicas que continúan bajo investigación y podrían ser judicializadas en las próximas etapas del caso.
Para ejecutar la operación, el Ministerio Público desplegó 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron 12 allanamientos simultáneos. Según la Procuraduría, la estructura funcionaba como un entramado sistemático instalado desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, con la participación de funcionarios, colaboradores y prestadores de servicios de salud.
Recuperar fondos robados
Abinader afirmó que el caso representa un golpe directo al patrimonio colectivo y subrayó que “aquellos que han atentado contra la salud de la población, especialmente de los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”. También aseguró que la Operación Cobra “llegará hasta el final” y que buscarán recuperar cada peso sustraído del Estado dominicano.
El Ministerio Público sostiene que posee evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, uso de programas especiales sin sustento legal y múltiples maniobras fraudulentas utilizadas para distraer fondos públicos. El expediente preliminar describe un esquema diseñado para operar desde dentro de la institución, aprovechando vulnerabilidades administrativas y la confianza institucional.
Las acciones están dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca. Ambos encabezan un equipo especializado en criminalidad organizada, lo que evidencia la complejidad y el alcance del caso. Las autoridades han reiterado que se trata de una investigación en curso y que podrían surgir más imputados.
Amigos pero no cómplices
La reacción del presidente también coincide con declaraciones que había ofrecido en septiembre: “Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, frase que ahora retoma relevancia política en medio del estallido de la Operación Cobra. En el escenario actual, el Gobierno busca reafirmar que el combate a la corrupción continúa sin distinción de vínculos personales, jerárquicos o partidarios.
