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Los expertos en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez y Namphi Rodríguez, coinciden en que el “proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícito” debe ser declarado como una ley orgánica.

El abogado Namphi Rodríguez consideró que dicha iniciativa debe ser ley orgánica porque afecta el derecho fundamental de la propiedad, y que además, está enunciada como instituto jurídico en el artículo 51 de la Constitución.

En su participación en el programa Reseñas, señaló que estos debates suelen tornarse un poco “maniqueístas” de grupos que apoyan y otros que están en contra.

“En una cuestión tan seria, creo que esto amerita un punto de racionalidad. En República Dominicana tradicionalmente se ha denunciado que hay una gran cantidad de capitales de dudosos orígenes en la actividad política, empresarial y en otras”, dijo.

Explicó que el derecho de dominio es un atributo del derecho de propiedad que permite la disposición o el usufructo del derecho y recordó que el país también ha firmado algunos acuerdos en materia de extinción de dominio.

Asimismo, manifestó que desde hace tiempo se viene debatiendo la necesidad de instituir un procedimiento que permita terminar con un derecho de propiedad mediante un juicio de carácter civil sin ninguna retribución a cambio.

Apuntó que la ley tiene también por objeto homologar las sentencias que se dan en los Estados Unidos y que pronuncian decomisos de bienes, lo que implica que vendrían a República Dominicana para homologarse con un tribunal y esos bienes se transforman en dinero y se llevan al Estado norteamericano.

De su lado, el experto en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez, destacó que algunos sectores piensan que el proyecto de ley se puede aprobar con un régimen de mayoría propio de las leyes ordinarias, lo cual ve como un error “porque se trata de una ley orgánica”.

En ese sentido, plantea que debe ser aprobada por las dos terceras partes de cada una de las cámaras legislativas, una vez verificado el quórum.

Especificó que el proyecto crea una jurisdicción especializada, como es un tribunal con sede en la capital, con posibilidad de crear tribunales en distintas partes del país con competencias limitadas al ámbito territorial.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, aseguró que se pretende adoptar una ley que regula cuestiones importantes del debido proceso en materia de hacer menos exigente la carga probatoria.

Advierte del peligro de la autonomía en la ley

Cristóbal Rodríguez consideró que la idea de autonomía en los términos que está configurada en el proyecto de ley, constituye uno de los más grandes peligros de la pieza porque permite a la autoridad oficiosamente o a instancia de cualquier persona o empresa iniciar una investigación con la cual se activa la presunción de ilicitud de un bien, en el marco del cual se pueden adoptar medidas cautelares, como embargo, retención y inmovilidad de capitales.

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