El acuerdo de fortalecimiento institucional que firmaron los cinco miembros del bufete directivo de la Cámara de Cuentas de la Rapública Dominicana (CCRD) para el mejoramiento de ese órgano, no apagó la estela de críticas que rodea a Janel Ramírez, presidente de la entidad.
Por el contrario, algunos senadores consideraron que el titular de la CCRD debe tomarse una licencia hasta tanto el Ministerio Público avance las investigaciones y se esclarezca el acoso laboral y las propuestas personales que éste hizo a dos empleadas del órgano, según señala la denuncia que sometieron las dos mujeres.
Favorecen la pausa laboral de Ramírez, los senadores Ginnette Bournigal (PRM) y José del Castillo Saviñón (PLD). En cambio, el diputado Máximo Castro (PRSC) difiere de los congresistas. Por su lado, la senadora Lía Díaz (PRM) mantiene una posición neutral.
Sobre el acuerdo que firmaron los integrantes del Pleno, Castro, Díaz y Félix Damián Olivares (consultor jurídico del Senado) elogiaron que se llegara a un consenso.
Bournigal, senadora de Puerto Plata, invitó al titular del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado “que en aras de estas situaciones tan feas, tan tristes, tiene que tomar una licencia”. Agregó que esa carta “a última hora, de solidaridad no se ve bien, porque es algo que se ve de mal gusto”.
Asimismo, dijo sentirse triste y lamentó que una persona “con una preparación excelente, inteligente” y presidiendo una entidad tan importante tenga tales señalamientos.
“ya se le ha ido de las manos”.
La congresista consideró que hubo un fallo en el manejo de Ramírez, quien debió sopesar esa situación, sin embargo, “ya se le ha ido de las manos”.
Ante esto, reiteró que la máxima figura de la CCRD debe tomar una licencia, puesto que “no le queda otra salida”.
De su lado, José del Castillo Saviñón dijo que secunda al movimiento cívico Participación Ciudadana, de que el caso amerita una licencia hasta tanto se aclaren los hechos y circunstancias bajo las cuales se generó la denuncia.
Aseguró que espera que el proceso siga su curso y se respete el debido proceso, además, que ante los señalamientos el titular de la entidad considere sí continuar o no frente a la misma.
El representante de Barahona en el Senado entiende que la acusación contra Janel Ramírez no ensombrece las auditorías que ha realizado la entidad.
“Una cosa es la labor institucional de la Cámara de Cuentas y, en esto hay que estar claro, y otra cosa es la responsabilidad penal del individuo”, sustentó.
Posiciones distintas
Tras explicar que la denuncia contra Janel Ramírez no debió haber llegado a lo jurídico, en el entendido de que el caso toma ahora un matiz distinto al de antes, el diputado Máximo Castro indicó que en la historia de la CC jamás se ha visto que miembros del bufete directivo tomen una licencia.
En ese sentido, dijo que otorgarle licencia al acusado no es lo prudente en este momento, ya que eso no resuelve nada.
Por otra parte, resaltó el acuerdo que firmó el pleno de la institución. “Hay que felicitarlos, que se entendieron, que se pusieron de acuerdo, pero ya lo otro, es algo muy personal: el trayecto.
Que llegue a la justicia y luego que la parte jurídica se pronuncie, entonces el Congreso entrará en función”, argumentó.
De su lado, Lía Ynocencia Díaz se limitó a señalar que en el caso de la denuncia, el Ministerio Público tiene el deber de hacer su trabajo mediante las investigaciones. Para ella, con el documento que firmaron los miembros del Pleno, se han limado las diferencias.
Dice que“la interpelación es para casos extremos”
Para Félix Damián Olivares, consultor jurídico del Senado, no está bien que los miembros de la CCRD sean invitados al Congreso para explicar los señalamientos que se ventilan.
El profesional en derecho está consciente que el Congreso tiene facultad de fiscalizar el ejercicio de los demás poderes públicos, pero pondera que esas son decisiones que deben guardarse para “situaciones extremas” o de último recurso.
“Usted no utiliza un martillo para matar moscas; usted usa un insecticida…usted no agarra una mandarria para matar moscas.
O sea que los recursos que se puedan emplear, del juicio político, la interpelación…esos son recursos extremos en una democracia”, explicó el experto en derecho. Damián Olivares también elogió el acuerdo al que se comprometieron los miembros de la CCRD.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, apoderaron la denuncia formal que hicieron Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino.
Las empleadas del Departamento de Auditoría de la Cámara de Cuentas acompañaron el documento con copias de las conversaciones que les hizo Janel Ramírez Sánchez.
