La transición hacia el pasaporte electrónico y la cédula digital choca con una nueva realidad delictiva: El uso de la inteligencia artificial por parte de redes criminales para sofisticar la suplantación de identidad.
El ingeniero Héctor Antonio Santillán, director de la escuela de informática de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), advirtió que el salto tecnológico del Estado resulta insuficiente si la ciudadanía mantiene el hábito de exponer sus datos en plataformas como WhatsApp y si el sector comercial carece de controles biométricos estrictos para frenar fraudes automatizados en pleno 2026.
Según Santillán, la arraigada costumbre ciudadana de compartir fotografías de sus documentos de identidad a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, combinada con la ausencia de controles obligatorios de huella dactilar en empresas de telecomunicaciones como Claro o Altice, facilita que redes criminales suplanten identidades, contraten servicios a nombre de terceros e inicien procesos legales fraudulentos.
El académico explicó que en pleno 2026 el país enfrenta una doble brecha: el analfabetismo tecnológico tradicional y el crecimiento desmedido de la inteligencia artificial (IA). Santillán enfatizó que estas tecnologías emergentes ya son utilizadas por ciberdelincuentes para sofisticar los ataques de “phishing” (robos de datos mediante engaños), por lo que el recelo digital y el conocimiento técnico se han convertido en las únicas defensas efectivas para el ciudadano común.
Anatomía del riesgo
El experto detalla que el peligro principal de los nuevos documentos electrónicos no radica en el plástico, sino en el potencial del chip y los datos biométricos.
Al enviar una imagen desprotegida de la cédula, el ciudadano entrega información que puede ser indexada o utilizada por ciberdelincuentes para simular contratos a distancia.
A esto se suma el uso de la IA para la suplantación de identidad avanzada: con datos básicos extraídos de un documento expuesto, herramientas automatizadas pueden estructurar fraudes financieros personalizados, abriendo líneas de crédito o servicios.
Santillán lidera como enlace un programa de capacitación que busca adiestrar a estudiantes, docentes y líderes comunitarios de Santo Domingo como multiplicadores en zonas vulnerables.
El respaldo institucional
Esta estrategia formativa se ejecutará formalmente entre 2026 y 2028 bajo el nombre de proyecto “Formación en Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial para el Futuro Digital de la República Dominicana (DCAIA)”, una iniciativa conjunta lanzada oficialmente este jueves por la Embajada de los Estados Unidos y la UNPHU en la Sala Max Henríquez Ureña de esa academia.
Al acto de lanzamiento asistió Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de los EE. UU.
La iniciativa fue una de las propuestas ganadoras del concurso 2025 del “Alumni Engagement Innovation Fund” (AEIF) de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este fondo global otorga hasta 35,000 dólares a proyectos desarrollados por exbecarios de la embajada, siendo esta la novena ocasión en que dominicanos logran este financiamiento internacional.
¿Cómo defenderse si ya fue vulnerado?
Ante este escenario, el ingeniero Santillán plantea una estrategia de defensa dividida en la prevención activa y la mitigación de daños si el ciudadano sospecha que su identidad ya fue comprometida:
Para no caer:
Educarse en herramientas de IA, y erradicar de manera absoluta el envío de la cédula o pasaporte por vías informales (como chats comerciales de WhatsApp). En caso de ser estrictamente necesario para un trámite oficial, se debe exigir siempre la validación presencial de la huella dactilar (biometría) en las oficinas de la proveedora antes de dar por aprobado cualquier contrato.
Si el fraude ya ocurrió
El ciudadano debe acudir de inmediato a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) para interponer la denuncia formal. Con esta constancia legal, el afectado debe notificar formalmente al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) o a la Superintendencia de Bancos, según corresponda.
