Santo Domingo.– La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) expresó su preocupación ante la próxima aprobación del Proyecto de Código Penal en la República Dominicana, al considerar que la propuesta “socava” los derechos de los sectores más vulnerables, especialmente las mujeres rurales.
En un comunicado oficial, Conamuca advirtió que el enfoque punitivo del texto legislativo y la exención de responsabilidad de instituciones como el Estado, los ayuntamientos, las iglesias y los partidos políticos “desequilibran” el sistema de justicia. “En nuestras comunidades, la justicia debe protegernos; si el Estado queda exento de toda responsabilidad, ¿a quién acudimos cuando nos vulneran?”, cuestionó la organización.
La confederación calificó de “alarmante” la posible prescripción de los crímenes de violencia sexual, ya que permitiría que los agresores queden impunes con el paso del tiempo.
Conamuca sostiene que esta medida violaría tanto la Constitución dominicana que protege la integridad de mujeres y niñas como los tratados internacionales suscritos por el país.
Otro punto de fricción es la creación de una jurisdicción militar para ciertos delitos. “La Constitución establece que solo el Poder Judicial administra justicia. Separar los tribunales militares del sistema ordinario generaría ‘dos justicias’ distintas, algo inaceptable para las mujeres del campo”, afirmó CONAMUCA.
La eliminación de agravantes especiales por orientación sexual, identidad de género, raza o lugar de origen fue calificada como “dar la espalda” a quienes padecen discriminación en el entorno rural. La organización insistió en que tales protecciones son un mandato constitucional y una obligación del Estado.
Conamuca advirtió además que el proyecto penaliza con dureza a las mujeres de escasos recursos que enfrentan emergencias obstétricas. A través de testimonios recogidos en comunidades campesinas, la confederación ilustró cómo el acceso limitado a servicios de salud y a información lleva a las mujeres a situaciones de riesgo.
Por ello, demandó despenalizar el aborto en los siguientes supuestos:
- Cuando la vida de la madre corra peligro.
- En casos de violación o incesto.
- Por malformación congénita incompatible con la vida.
“La mujer no puede ser un instrumento para proteger al no nacido si eso pone en riesgo su propia existencia. El aborto debe abordarse como un asunto de salud pública y justicia social, no como un delito”, concluyó Conamuca.
La Confederación Nacional de Mujeres del Campo instó a los legisladores a reabrir espacios de consulta, de modo que el Código Penal refleje un modelo verdaderamente protector de los derechos humanos y no un instrumento que agrave la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
