Las autoridades dominicanas detuvieron este martes a Alicia Anabel Santos Díaz en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). La mujer, de 54 años, enfrenta cargos por el presunto delito de ultraje al Himno Nacional, un símbolo sonoro protegido por la ley.
La jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la orden de arresto número 2025-AJ0051862 el pasado 7 de agosto. El Ministerio Público investiga a Santos Díaz por violar los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios en la República Dominicana.
Un evento literario bajo la lupa judicial
La investigación penal se originó tras un acto realizado en el Centro Cultural de España, ubicado en la Zona Colonial. Durante la presentación del texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, las imputadas supuestamente alteraron la composición patriótica.
Según el expediente, las organizadoras invitaron al público a ponerse de pie para cantar lo que denominaron el «Himno Nacional». Aunque utilizaron la música original, cambiaron la letra del símbolo patrio, el cual la Constitución dominicana consagra como único e invariable.
Denuncias y medidas de las autoridades
El proceso legal también involucra a Yoseli Castillo Fuertes. Diversas organizaciones, entre ellas el Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), presentaron denuncias formales exigiendo sanciones por el irrespeto a los valores nacionales.
Para sustentar el caso, el Ministerio Público recopiló evidencias que circularon ampliamente en las redes sociales. Estas pruebas muestran el desarrollo del evento y la supuesta modificación de los versos del himno frente a los asistentes.
La jueza fundamentó la detención en el hecho de que Santos Díaz reside actualmente en los Estados Unidos. Debido a su estancia transitoria en el país, el tribunal consideró que existía un riesgo real de que la imputada intentara evadir el proceso judicial.
La orden judicial aclara que, si bien la libertad es un derecho natural, la Constitución permite restringirla cuando se afecta el orden público y las buenas costumbres. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las consecuencias legales definitivas bajo el marco jurídico dominicano.
