El director de Contrataciones Públicas explicó que las empresas vinculadas a personas acusadas de corrupción en Venezuela no están impedidas por la ley para ser proveedoras del Estado, sin embargo, recordó que hay una circular instruyendo a las instituciones hacer la debida diligencia antes de contratar con un proveedor.
Carlos Pimentel dijo que las compañías con domicilio ficticio relacionadas a Eugen Bejarano Sader, quien es investigado por corrupción junto a su madre, la exministra de salud, Eugenia Sader, participaron en dos procesos de licitación en el país pero sus propuestas no fueron elegidas. Refirió que Edukdo, empresa de la que Bejarano sader es accionistas y Magna Solution, también vinculada al exsecretario general de la Comisión de Licitaciones de la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh) de Venezuela, solo han hecho una oferta económica en procesos del Ministerio de Educación (Minerd).
Edukdo participó en el proceso para la adquisición de equipos tecnológicos que convocó el Minerd para el Plan Nacional de educación a distancia, en tanto que, Magna Solution presentó ofertas en la licitación que dirigió el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) para la adquisición de insumos de bioseguridad para la protección de estudiantes, profesores y personal administrativo.
Estado debe conocer proveedores
El titular del órgano regulador de las contrataciones explicó que la ley dice que personas condenas por delito de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, no pueden tener contratos con instituciones estatales.
“En aplicación de los numerales que te acabo de señalar en el tema en cuestión, tanto la señora como su hijo, el señor Enrique Bejarano, no tienen impedimento para la inscripción en el registro de proveedores del Estado de conformidad con las disposiciones que establece la ley”, señaló Pimentel. “Ahora bien, aquí voy con las cosas que estamos haciendo. Nosotros enviamos una comunicación a todas las entidades del Estado donde le estamos recomendando realizar debidas diligencias, eso es que ya no es suficiente contratar en función de la identificación para la evaluación técnica y económica sino que les hace debida diligencia” porque el Estado tienen que saber con quién está contratando, continuó diciendo el funcionario.
La debida diligencia ayuda a disminuir vulnerabilidades por lo que se recomienda: comprobar y verificar la identidad de los proveedores, identificar al beneficiario final de la empresa proveedora, constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados, determinar la presencia de empresas recién creadas en un procedimiento de contratación, validar los permisos, licencias y autorizaciones, de entidades competentes, entre otras.
