El Ayuntamiento del Distrito estudia una normativa para endurecer sanciones contra violadores de los espaciosColocar un puesto de comida en una acera del Gran Santo Domingo no es una tarea compleja. Se instalan frente a hospitales, escuelas, universidades, empresas privadas y oficinas gubernamentales. El trabajo difícil está en retirarlos.
Y esa atribución corresponde al departamento de Espacios Públicos de cada cabildo. Según cuentan algunos directores, se trata de una labor que en ocasiones se torna riesgosa.
El director de Espacios Públicos del Ayuntamiento del Distrito, Aníbal Díaz, reveló que hace unos meses, tratando de retirar un puesto de comida de los alrededores del hospital Robert Reid Cabral (Angelita), uno de sus inspectores resultó con un brazo mutilado.
Casos como este motivaron a la elaboración de un proyecto de normativa que se encuentra en fase de estudio para ser sometido a la Sala Capitular, que según avanza el funcionario endurece las sanciones impuestas a personas que obstruyen el tránsito como estos tipos de negocios. “Es un tema muy delicado socialmente hablando, que genera mucha empatía, porque la gente entiende que hay que dejar que el infeliz se gane su vida”, sostuvo. Aseguró que en esta nueva gestión, el cabildo capitalino no ha emitido un solo permiso para la instalación de negocios ambulantes, por el contrario, dijo que han estado liberando aceras y calles de los puestos de comida rápida y otras ventas informales.
“Aunque sean padres de familia, desde una perspectiva son infractores, porque hay una normativa que da pautas y evidentemente no se cumple y por eso los retiramos; pero vuelven, y en eso la pasamos como el gato y el ratón, retirándolos”, agregó.
De acuerdo con el funcionario municipal, el proceso es el siguiente: primero se le notifica a la persona que ocupa el espacio público, se le da un plazo de 24 horas para que abandone el lugar, de no acatar la orden se procede al retiro.
Indicó que el mayor trabajo se realiza en los entornos de hospitales, en el perímetro central y en avenidas como la Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega y Máximo Gómez.
Dijo que suelen ser menos flexibles con los puestos de alimentos donde utilizan tanques de gas, como las frituras, no así con los fruteros, ya que suelen moverse de un lugar a otro con facilidad.
En ese sentido, precisó que si hay cinco infracciones impuestas por violación a los espacios públicos, tres o cuatro se dedican a las ventas de comida frita.
Los operativos más exitosos en esta demarcación se realizaron en el perímetro comprendido entre la Máximo Gómez esquina Nicolás de Ovando, donde según información del citado departamento desalojaron 326 personas en su mayoría de nacionalidad haitiana. “Pero fue un proceso de meses para sacar a esas personas de ahí”, sostiene Díaz.
Procedimientos similares se han efectuado con los buhoneros instalados a la entrada del hospital Luis Eduardo Aybar (Morgan), lugar que de acuerdo con el funcionario, se realizan operativos una y dos veces por semana. En el Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ya se han hecho acciones de esta naturaleza.
Uno de los mayores inconvenientes en la vigilancia de los espacios públicos, es el poco personal para enfrentar la situación que afecta a gran parte del Distrito Nacional y otros puntos del país, explica Díaz.
Reveló que en la actualidad, este departamento lleva seis meses estudiando cómo sacar la mayor cantidad de negocios de venta de comida en la Zona Universitaria, y para lograrlo han sostenido conversaciones con la asociación de buhoneros, juntas de vecinos y representantes de la universidad estatal.
El mecanismo de “desalojo” en los espacios públicos también ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO), hasta hace poco esta labor recaía sobre el departamento de Tránsito que dirige el licenciado Guadalupe Hidalgo, ante la ausencia de una Dirección de Espacios Públicos, creada recientemente.
Hidalgo indica que aunque no tiene un levantamiento de los puestos de comida colocados de manera informal, desde hace unos días iniciaron el desmonte de casetas instaladas en las principales avenidas de este municipio de la provincia Santo Domingo como Las Palmas, Isabel Aguiar, Prolongación 27 de Febrero, Los Beisbolistas, Independencia y en la zona de Pintura.
“Tenemos una política de que ya se va a regularizar la mayor parte de negocios ambulantes, hemos estado trabajando en eso”, afirmó.
Diógenes Peña, quien tiene dos semanas desempeñándose como encargado del departamento de Espacios Públicos de este cabildo, informó que trabajan en la concientización de estos vendedores para que comprendan que no pueden violar estas áreas.
“Hemos estado hablado, estamos esperando que se organicen las oficinas (del departamento). Primero debemos organizarnos nosotros antes de organizarlos a ellos”, reflexionó.
ASDN es más flexible
La liberación de los espacios públicos también se ha convertido en un desafío para el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Momentos de tensión se vivieron meses atrás cuando se procedió a retirar a unos buhoneros de los entornos de la estación Mamá Tingó del Metro de Santo Domingo.
El responsable de este departamento, Miguel Martínez, indicó que antes de accionar con el retiro, primero se evalúan las condiciones del espacio y de la venta y luego se le notifica a la persona.“Ellos no están preparados ni física ni emocionalmente para ver el momento cuando se les va a notificar”, sostuvo.
Precisó que después de considerar las implicaciones, los técnicos del cabildo deciden si la persona puede permanecer en el lugar, de permitírsele quedarse, deberá cumplir con las condiciones establecidas, como es la correcta limpieza y el respeto del paso del peatón que debe ser 1.5 metros de acera y “eso es innegociable”, enfatizó.
Dijo que los inspectores del ayuntamiento, en coordinación con Medio Ambiente, se aseguran de que estos comerciantes mantengan el espacio limpio y que tengan los permisos correspondientes.
“Donde quiera que haya un espacio, donde se promuevan productos es un espacio que el ayuntamiento lo interviene, y en coordinación con el que vende el producto trabajamos siempre en el sentido de que pueda buscar el sustento de su familia, pero concomitantemente deberá dejar el área limpia”, destacó.
¿Cuáles ayuntamientos regulan?
En ese sentido, el Ministerio de Salud ha establecido convenios con algunos ayuntamientos del país para mejorar la vigilancia, control e higienización de los puestos ambulantes de alimentos en las vías públicas. Hasta el momento, los gobiernos municipales de Santiago, Santo Domingo Este y San Cristóbal han tomado una serie de medidas para inspeccionar la venta informal de comida , que abarca la capacitación de los vendedores para la correcta manipulación de alimentos.
La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) sólo tiene 35 inspectores para el área de alimentos, que además de trabajar como acompañantes junto a las direcciones provinciales de salud en la supervisión de los puestos de alimentos, también verifican la inocuidad del agua, lácteos y carnes.
Aunque el Ministerio de Salud Pública está llamado a emitir certificados de salud a los
vendedores de comida, la directora general de Digemaps, Karina Mena, reconoció que actualmente sólo otorga permisos a los restaurantes y procesadores de alimentos, a los que se les practican exámenes para descartar enfermedades parasitarias, tuberculosis o hepatitis.
Salud Pública y cabildos deben poner el orden
La directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, sostuvo que aunque la ley de Protección al Consumidor les llama a garantizar la salud y la seguridad en todo lo que se consuma, en el caso de los establecimientos informales ubicados en la vía pública, la autoridad sanitaria y los gobiernos locales son los llamados a establecer los controles necesarios en virtud de la normativa 528-01. Indicó que lo ocurrido con tres restaurantes la semana pasada, es parte del Plan Nacional de Inspección que inició el año pasado con el análisis de la calidad del agua embotellada y ha continuado con productos como la leche a granel y el hielo, y el decomiso de alimentos vencidos, en mal estado e indebidamente etiquetados en colmados y supermercados. Castillo apela a la unión para enfrentar este mal.
