El denominado caso Camaleón, relacionado con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entra este martes en una nueva etapa judicial con el inicio del juicio de fondo contra el exdirector de la institución, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho imputados.
El proceso será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, dictara el auto de apertura a juicio el pasado 5 de junio. En esta fase, el Ministerio Público deberá presentar y someter al debate las pruebas admitidas para intentar demostrar, más allá de la acusación, la responsabilidad penal individual de cada uno de los procesados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Jochi Gómez es señalado como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos vinculados con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. La Fiscalía también le atribuye responsabilidad en el control de sistemas semafóricos y de videovigilancia, así como en el supuesto sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
A Hugo Beras, en su condición de exdirector del Intrant se le atribuye haber facilitado adjudicaciones que considera fraudulentas a empresas que no contaban con la capacidad técnica requerida y haber participado en acciones relacionadas con la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
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En el caso de Frank Rafael Atilano Díaz Warden, el Ministerio Público sostiene que intervino en la manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al supuesto esquema.
A Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda se le atribuye haber facilitado el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones, mientras que Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por la emisión de certificaciones presuntamente falsas de disponibilidad presupuestaria.
Por su parte, Pedro Vinicio Padovani Báez es señalado por su participación en la supervisión del Centro de Control de Tráfico, además de presuntas actuaciones relacionadas con licitaciones, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
El Ministerio Público atribuye a Carlos José Peguero Vargas la movilización de fondos mediante Inprosol S.R.L.; a Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, actuar como supuestos testaferros para ocultar la propiedad real de PagoRD Xchange y desviar fondos; mientras que Henry Darío Féliz Casso es señalado como intermediario financiero en el supuesto desvío y lavado de recursos.
¿Qué sostiene el Ministerio Público?
El caso expone que durante la gestión de Beras en el Intrant operó una estructura integrada por funcionarios, exservidores públicos y particulares que habría utilizado sociedades comerciales, prestanombres y documentación presuntamente falsa para controlar procesos de contratación pública y lograr la adjudicación de un contrato para la modernización de la red semafórica.
Según el Ministerio Público, el contrato alcanzó un monto de RD$1,317,350,997, y habría beneficiado a empresas vinculadas a Gómez Canaán. La acusación sostiene, además, que el supuesto esquema incluyó operaciones de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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Sin embargo, la jueza que envió el expediente a juicio excluyó algunas de las imputaciones planteadas originalmente, entre ellas la de terrorismo. El Ministerio Público ha sostenido que la exclusión de esa calificación no elimina los hechos que pretende demostrar, pues el tribunal mantuvo el cargo de sabotaje y otras imputaciones.
Las principales pruebas admitidas
El expediente presentado por el MP está respaldado por 406 medios de prueba, de acuerdo con la información divulgada durante la etapa de acusación. El conjunto incluye evidencias testimoniales, periciales, documentales y materiales.
Entre los elementos mencionados figuran informes técnicos, documentos relacionados con procesos de licitación pública y evidencias vinculadas con las actuaciones administrativas del Intrant. También fueron propuestos como testigos el actual director del Intrant, Milton Morrison, y el exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem.
La Fiscalía también ha incorporado evidencias digitales obtenidas mediante extracciones forenses de dispositivos electrónicos, elementos que forman parte del conjunto probatorio presentado en el expediente.
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¿Cómo funciona el juicio de fondo?
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchará al Ministerio Público y a las defensas, recibirá los testimonios y peritajes y analizará las pruebas admitidas. Al final, los jueces determinarán si existe responsabilidad penal.
Cabe destacar que los imputados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, dependiendo de los delitos que el tribunal determine probados. Entre los testigos previstos figuran Milton Morrison, director del Intrant, y el exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem.
