Centro Juan XXIII pide evaluar 3 de 5 miembros de la Cámara de Cuentas

Santo Domingo, RD.- El Centro Juan XXIII emitió este lunes un comunicado explicando que, tras ser llamados a armonizar el conflicto existente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, realizaron un convenio que fue firmado por 3 de los 5 miembros de la entidad y que uno de estos luego abandonó el aporte.

Señala que los dos miembros que suscribieron el convenio han mantenido desde el primer día una postura coherente con pruebas y evidencias, mientras que los demás han “empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas y conspiraciones internas”.

Indica que los tres integrantes del órgano constitucional han intentado suplantar la función del Presidente del Pleno, aprobar auditorías cuestionadas, impedir que se realice el proceso de depuración del personal y obstaculizar la implementación del sistema de auditoría preventiva online que permitiría la fiscalización en tiempo real de la ejecución del Presupuesto Nacional.

Centro Juan XXIII rechaza de forma categórica estas acciones y evaluar a los miembros en proporción al daño causado a al país.

Comunicado íntegro

Desde su fundación, el Centro Juan XXIII ha estado al servicio de los más sanos intereses de la Nación. Hemos asumido, con sentido de patria, responsabilidad y valor, las causas y los retos que nos dirigen a consolidar un estado de derecho libre y democrático. Nos hemos apegado siempre a la ética y al respeto, tanto para con cada ser humano, como para el manejo sostenible de toda una sociedad y su medio ambiente.

Desde el primer indicio de conflicto en la Cámara de Cuentas, fuimos llamados a armonizar y procurar el entendimiento a lo interno de ésta para consolidar los avances logrados a partir de la nueva conformación del referido ente constitucional en el 2021 en su importante misión en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción.

Respondimos al llamado con diligencia y apego a nuestros valores. Como resultado de nuestra mediación se lograron consensuar una serie de acciones trascendentales que quedaron documentadas en un convenio que fue firmado por Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña, 3 de los 5 miembros de la CCRD, el cual posteriormente fue abandonado por ésta última, resultando imposible la continuación de nuestro aporte.

En este ejercicio de mediación, fuimos testigos que los dos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas que suscribieron el convenio, han mantenido desde el primer día una postura coherente, respaldada con pruebas y evidencias, a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado.

El resto de los miembros o ha sido ambivalente o ha empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas y conspiraciones internas. Han hecho uso de su mayoría mecánica para actuar y tomar decisiones cuestionables y reñidas con la ley, como son: a) suplantar la función del Presidente del Pleno; b) aprobar auditorías cuestionadas realizadas por la anterior Cámara de Cuentas, en desconocimiento del mandato legal de que el Presidente es quien garantiza la calidad de los trabajos de auditoría; c) impedir a que se realice el proceso de depuración del personal, tratando de en cambio imponer una política de reparto del personal, lo cual también contraviene la ley orgánica de la CCRD porque el Presidente es la máxima autoridad ejecutiva; y, d) han obstaculizado la implementación del sistema de auditoría preventiva online que permitiría la fiscalización en tiempo real de la ejecución del Presupuesto Nacional.

Este grupo ha logrado arropar todo este accionar en el velo del secretismo impuesto por el anterior Pleno de la Cámara de Cuentas, el cual tomó la decisión inconstitucional de clasificar como confidencial todas las actas y grabaciones de las reuniones del Pleno. Las que hacen mayoría se han rehusado a modificar este opaco precedente.

El Centro rechaza categóricamente este proceder y considera que quienes han sido responsables de que el convenio no se ejecute deben ser evaluados en proporción al daño causado a la Nación.

Exhortamos a la Cámara de Diputados a indagar las razones del por qué el resto de los miembros no quisieron firmar y ejecutar el convenio propuesto y que al momento de formular sus acusaciones para un eventual juicio político lo hagan apegado al principio universal de la justicia que consiste en dar a cada uno lo que merece por sus actuaciones, determinando la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Pleno de la CCRD y formalizando de manera precisa e individual los cargos imputados a cada miembro. Nadie debe responder por el hecho de otro. ¡Por una Patria servida como se merece!

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