SANTO DOMINGO, D.N. – El Comité Institucional Codiano (CIC) manifestó su preocupación por la falta de avances en la ejecución de la Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo para establecer un mecanismo de validación, depuración, reconocimiento y pago de deudas del Estado con contratistas de obras públicas.
Durante una rueda de prensa en la sede del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), representantes del CIC señalaron que, a pesar de la rapidez con que la normativa fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, no se han observado avances en su aplicación administrativa.
Le recomendamos leer: Dominicanos esperan ingenieros, universidades y el CODIA analicen contraperitaje del Jet Set
El arquitecto Emiliano Familia, coordinador general del CIC, indicó que han transcurrido 48 días desde la entrada en vigor de la ley sin que se haya informado la conformación de la comisión encargada de ejecutar el proceso establecido en la legislación.
El comité afirmó que ha solicitado en varias ocasiones la integración de dicho organismo y que también depositó una comunicación formal ante el Ministerio de Hacienda y Economía, sin recibir respuesta pública sobre el tema.
Asimismo, el CIC pidió la presentación de un cronograma de ejecución que detalle la instalación de la comisión, el inicio de los trabajos de validación y los procedimientos para el conocimiento de los expedientes.
La organización advirtió que la prolongación de la inactividad administrativa podría aumentar el malestar entre contratistas que esperan desde hace años una solución a sus reclamaciones.
“Nadie quiere volver a ver a ingenieros envejecientes, enfermos y agotados por años de espera realizando protestas frente a instituciones públicas para exigir el cumplimiento de una ley ya promulgada”, señala el documento leído durante la actividad.
El CIC reiteró que no busca confrontaciones, sino la implementación efectiva de la ley, y sostuvo que la confianza ciudadana depende de la ejecución oportuna de las normativas aprobadas.
Finalmente, el comité solicitó que los expedientes de los contratistas que representa sean priorizados, al señalar que muchos corresponden a obras ejecutadas y entregadas al Estado, y en varios casos pertenecen a profesionales de avanzada edad con problemas de salud.
La organización concluyó reiterando que corresponde a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la Ley 16-26 sin mayores dilaciones.
