Durante los 10 días, el Congreso convirtió en ley la reforma del Código Penal y el proyecto de alquileres (ayer)
La legislatura extraordinaria que se inició el pasado 27 de julio concluyó esta medianoche y con ella los trabajos congresuales, mediante la aprobación de las observaciones del Poder Ejecutivo a tres leyes aprobadas en el pasado periodo legislativo ordinario de 150 días.
Ayer, en su sesión de cierre, la Cámara de Diputados también convirtió en ley el proyecto legislativo de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual establece un tope de dos depósitos para las viviendas.
Otra pieza que el Congreso Nacional convirtió en ley en este tiempo de 10 días parlamentario y por el cual hubo convocatoria de legislatura extraordinaria, fue la reforma del Código Penal, marco jurídico promulgado el pasado domingo.
La Cámara Baja refrendó este martes, en única lectura, las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, aprobada por el Congreso el pasado 23 de julio. Los cambios sugeridos fueron acogidos por los senadores en su última sesión de la legislatura extraordinaria, el lunes pasado.
El presidente Luis Abinader planteó cambios a los artículos 6, 9 y 22 de la ley, la cual viene a reducir la carga administrativa del trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR). El propósito de las observaciones es clarificar aspectos fundamentales como la formulación de la política criminal del Estado y el alcance funcional del nuevo ministerio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) habían señalado aspectos que fueron ponderados en las observaciones del Ejecutivo.
Sobre el artículo 6, relativo a la creación y el objeto del Ministerio de Justicia, el jefe de Estado aclaró que el diseño de la política criminal debe mantenerse como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Sugirió que el Ministerio de Justicia participe en la formulación de estas políticas, pero sin excluir a otras entidades estatales del sistema de justicia y respetando el artículo 169 de la Constitución.
En el artículo 9, sobre las atribuciones del Ministerio, el mandatario propuso ajustar el texto para incluir funciones como: “Coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública” y “coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos”. También enfatizó que la participación en la formulación de la política criminal del Estado debe ser conforme a las instrucciones del presidente de la República.
Para el artículo 22, el Ejecutivo sugiere reformular las atribuciones del Viceministerio de Políticas Públicas. Este deberá ayudar en el diseño de políticas estatales contra la criminalidad, pero “sin menoscabo de las funciones que corresponden a otros órganos y entes del Poder Ejecutivo, así como sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia”.
Fiscalización y Control del Congreso Nacional y Bien de Familia
De igual manera, los diputados aprobaron las observaciones del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, en sus artículos 10, 11, 12 (numeral 2), 35, 41, 42, 47, 49, 58 y 87; y la Ley de Bien de Familia, Capítulo II (para intercalar un artículo y párrafo entre los artículos 14 y 15).
Entre los cambios del Gobierno a la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, cuyos proponentes son los senadores Félix Bautista y Ramón Rogelio Genao Durán, figura la eliminación del artículo 41 (funcionarios electos), debido a que la Constitución no contempla la comparecencia obligatoria de los funcionarios electos mediante la figura de la invitación prevista en el artículo 94 de la Carta Magna.
Se renombró al artículo 42 (funcionarios designados) como el 41, y dicho articulado tuvo una nueva redacción. Se estableció que la renuencia a asistir o comparecer de ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como de cualquier persona física o jurídica ante el Pleno de la cámara legislativa o la comisión correspondiente (…), será sancionada por los tribunales penales de la República con la pena que establezcan las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la cámara correspondiente.
Rendición de cuentas; el CP entre las 60 leyes en año legislativo
Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, rendirán cuentas juntos este miércoles 6 de julio ante el salón de la Asamblea Nacional del órgano bicameral.
Pacheco dijo que desde el 16 de agosto de 2024 hasta ayer, el Congreso convirtió en ley unas 60 iniciativas legislativas. La Ley 74-25 Orgánica que Instituye el Código Penal de la República Dominicana, es una de esas legislaciones.
La Cámara Baja acogió cambios del Senado
La Cámara de Diputados acogió las modificaciones que hizo el Senado y convirtió en ley, en única lectura y por unanimidad, el proyecto legislativo de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por Alfredo Pacheco.
Entre los cambios que hizo el Senado al marco legal y que ratificó el pleno de diputados, está el artículo 13, sobre la garantía de obligaciones y pago de alquileres. Se estableció que el propietario o arrendador de inmueble destinado a vivienda podrá exigir al inquilino o arrendatario, como depósito, un monto “no mayor de dos meses” del precio del alquiler. La propuesta original establecía tres meses de depósitos.
En el caso de inmuebles destinados a comercio o actividad sin fines de lucro, quedó igual: el monto de los depósitos será acordado entre las partes.
La pieza regresó a la Cámara Baja, que le había hecho cambios a petición del Senado, pero la Cámara Alta le modificó otros artículos el pasado lunes. La ley pasa al Poder Ejecutivo.
