El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decretó este miércoles el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana.
Mediante la ordenanza con el No. 787-26, donde establece los principios, reglas y responsabilidades para orientar el uso ético, responsable y transparente de la inteligencia artificial en la Administración Pública.
“Este instrumento pionero convierte al Estado dominicano en un referente regional en la adopción responsable, segura, inclusiva y transparente de tecnologías emergentes” detalló el comunicado de prensa de presidencia.
Es decir, todas las instituciones de la Administración pública dominicana, tanto centralizadas como descentralizadas, deberán incorporar de manera obligatoria las disposiciones establecidas en el nuevo Código de Ética.
Ante la entrada en vigor de este decreto, ¿cuáles son las principales medidas contempladas para salvaguardar los derechos ciudadanos y regular el impacto de estas disposiciones?
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Entre ellas se encuentran:
1. Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): Los sistemas de IA de alto impacto deberán someterse a evaluaciones rigurosas y contar con aprobación del órgano supervisor antes de implementarse.
2. Transparencia algorítmica y derecho a la revisión: Los ciudadanos tendrán derecho a conocer cuándo se utiliza IA en decisiones administrativas, solicitar explicaciones y acceder a una revisión humana.
3. Usos estrictamente prohibidos: Se prohíben prácticas como la clasificación social, la identificación biométrica masiva sin orden judicial, los perfiles criminales sesgados, las sentencias penales automatizadas y las armas autónomas.
4. Protección reforzada para la infancia: Se establece una mayor protección para niños, niñas y adolescentes, prohibiendo el uso de IA que genere o distribuya contenido abusivo, lesivo o discriminatorio.
5. Soberanía digital y criterios de contratación: Las instituciones públicas exigirán garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control de los datos nacionales, evitando sistemas que no puedan ser auditados por el Estado.
