El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su preocupación por el proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y pidió al Congreso Nacional garantizar un proceso legislativo más amplio, participativo y sustentado en criterios técnicos.
La organización reafirmó su respaldo al fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión de los residuos sólidos y reconoció la necesidad de actualizar el marco legal para responder a nuevos desafíos. Sin embargo, cuestionó que la iniciativa se conozca mediante un procedimiento de urgencia, al considerar que este limita el análisis y la deliberación que una reforma de esta magnitud requiere.
El CONEP señaló que, aunque la Constitución permite declarar la urgencia de determinados proyectos, esa facultad debe utilizarse con prudencia cuando las modificaciones implican nuevas obligaciones económicas y cambios importantes para el sector productivo. A su juicio, la calidad de las leyes depende de que exista tiempo suficiente para evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados.
Asimismo, advirtió que el proyecto concentra una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las empresas, las cuales afirmó recientemente asumieron un incremento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y continúan aportando una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país. Además, recordó que estas compañías ya cubren los costos de la disposición final de los residuos que generan.
Le recomendamos leer
La entidad empresarial sostuvo que el debate no debe centrarse en el tamaño de las empresas, ya que grandes, medianas y pequeñas forman parte del mismo tejido productivo y contribuyen al desarrollo nacional. En ese sentido, instó a las autoridades a evaluar el efecto acumulado de las cargas regulatorias y tributarias para evitar que afecten la competitividad y el clima de inversión.
El CONEP también señaló que el proyecto mantiene distorsiones en el modelo de gobernanza del sistema, al incluir como tomadores de decisiones a beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, situación que considera necesario corregir.
Finalmente, la organización llamó al Congreso Nacional a conducir el proceso legislativo con mayor apertura y participación. Afirmó que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante el diálogo y el respaldo de evidencia técnica para fortalecer la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión en la República Dominicana.
