Al fragor del debate sobre el uso por parte de EE. UU de pistas e instalaciones militares en República Dominicana, que se avivó el miércoles tras la «autorización temporal» por parte del presidente Luis Abinader en el marco de la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, conviene saber el alcance inicial de los acuerdos de interdicción aérea y marítima de 1995 y 2003 entre ambos países.
Los acuerdos de 1995 y el protocolo de 2003 establecen la base legal que permitió convertir al país en un aliado clave de Estados Unidos en sus operativos de seguridad regional y lucha antidrogas. Primero por mar, y luego ampliado a operaciones aéreas y logísticas. Su vigencia y adaptabilidad (especialmente en contexto actual) explican por qué deben revisarse cuando se anuncian nuevas iniciativas de cooperación.
El acuerdo de 1995
El 23 de marzo de 1995, la República Dominicana y los Estados Unidos suscribieron el Acuerdo para Suprimir el Tráfico Ilícito por Mar de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Esto con el objetivo de establecer un marco bilateral de cooperación para combatir el narcotráfico vía marítima. Este instrumento fue ratificado por Santo Domingo y EE.UU., y entró en vigor el 23 de marzo de 1995.
El convenio de 1995 autorizaba, con límites previamente definidos, que las fuerzas estadounidenses colaboraran con la República Dominicana en operaciones de interdicción marítima. Eso implicaba: abordaje y registro de embarcaciones sospechosas. Asimismo, interceptación de cargamentos ilícitos, persecución de buques que intentaran evadir controles, y cooperación en judicialización y decomisos.
Le recomendamos leer
Qué contemplaba el convenio original
Entre sus cláusulas principales, el acuerdo definía procedimientos legales para que guardacostas o embarcaciones de EE.UU. pudieran internarse en aguas dominicanas bajo ciertas condiciones. También para perseguir embarcaciones sospechosas, y llevar a cabo inspecciones.
Asimismo, regulaba la jurisdicción sobre barcos y personas detenida. Estableciendo específicamene cómo y cuándo las autoridades dominicanas o estadounidenses asumirían control.
Este marco se diseñó en un contexto de intenso tránsito marítimo entre Sudamérica, el Caribe y América del Norte (la «ruta del Caribe») por donde circulaban cargamentos de cocaína, armas y otros productos ilícitos. El convenio buscaba cerrar esa puerta, facilitando la colaboración bilateral para interceptar narcóticos antes de llegar a las costas estadounidenses.
Ampliación de 2003: el protocolo que añade la dimensión aérea
El 20 de mayo de 2003 se firmó el Protocolo de 2003 al Acuerdo de Operaciones Marítimas Antidrogas entre RD y EE.UU. Este complementa el tratado de 1995 y amplía su alcance para incluir operaciones aéreas, sobrevuelo, reabastecimiento y apoyo logístico en aeropuertos y bases autorizadas.
Ese protocolo permitió que aeronaves estadounidenses (y, en ciertos casos, tripulaciones combinadas) pudieran usar espacios restringidos en territorio dominicano, como bases aéreas o aeropuertos, para realizar operaciones de vigilancia, transporte de personal técnico, reabastecimiento e intercambio logístico. Todo, apunta el documento, siempre bajo supervisión de autoridades dominicanas.
Gracias a esa ampliación, el convenio pasó de una herramienta exclusivamente marítima a un mecanismo integral de interdicción marítima y aérea. Esto, argumenando una adaptación necesaria a las entonces nuevas modalidades del narcotráfico regional, que incluyen rutas aéreas y uso de embarcaciones rápidas.
El Texto y el Contexto
Estos acuerdos, en su propósito original de la lucha contra el narcotráfico en la región, y la ampliación anunciada el miércoles no levantarían mayor debate si no fuera por el contexto en que se enmarcan hoy, cuando el Caribe vive un momento de máxima tensión con la operación del Pentágono conocida como Lanza del Sur.
Le recomendamos leer
Durante el encuentro con la prensa tras la reunión, el presidente Abinader aseguró que el nuevo alcance de los acuerdos «es técnico, limitado y temporal» y que, cualquiera de las operaciones se realizarán «siempre y cuando Dominicana avale y acompañe» las acciones previstas por el Pentágono.
Por su parte, Hegseth afirmó que el acuerdo es «provisional» y respetará las «leyes» y la «soberanía» de Dominicana.
La llegada de Hegseth se produce bajo un tenso clima geopolítico debido a la masiva presencia de tropas del Comando Sur en la zona. Una situación que provoca serios roces con Venezuela y Colombia, y ha prendido las alertas en otros países como México y Brasil que, al igual que otras naciones de la región, condenan sus bombardeos y ataques militares en la región contra embarcaciones civiles.
También se suma a lo que Venezuela ha calificado como una «campaña de terror» con la que Washington intenta «presionar» a toda la región, bajo el argumento de atacar a supuestas organizaciones del narcotráfico, para intentar «tomar por la fuerza» el poder político que encabeza actualmente el presidente Nicolás Maduro.
Asimismo, la movida geopolítica, en la que EE.UU. también busca frenar las alianzas y cooperación de países como China y Rusia en la región, se da luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Dan Caine, visitara el martes Trinidad y Tobago, país vecino con Venezuela, para encontrarse con la primera ministra de ese país caribeño, Kamla Persad-Bissessar, en medio del aumento de las tensiones entre la administración Trump y Caracas.
