En el Distrito Nacional más de 5,000 procesos se resolvieron por acuerdo. Saber el costo de los procesos; tarea pendiente
Los medios alternativos para resolver conflictos no solo están siendo aplicados en los grandes procesos judiciales vinculados a actos de corrupción: el Ministerio Público y el Poder Judicial también han estado trabajando en descongestionar el sistema de casos que por su naturaleza pasan desapercibidos por la prensa y actores de la sociedad.
En el Distrito Nacional desde el año 2004 se ha estado dando respuesta al cúmulo de casos de rebeldía dictado por los Juzgados de Instrucción en donde el alto costo por citación y la mala citación a los involucrados jugó un papel fundamental para que se llegara a 6,123 declaratorias de rebeldía en los siete juzgados instructivos entre 2004 y 2015.
Solo por concepto de citación en esos más de seis mil casos, el Poder Judicial pagó más de 730 mil pesos por concepto de 150 pesos por citación, según consta en una investigación realizada por la juez coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito, Kenya Romero.
Una buena cantidad de casos antes mencionados fueron resueltos con aplicación de medios alternos como criterios de oportunidad, conciliación, juicio penal abreviado y suspensión condicional de procedimiento, algo que, según la jueza coordinadora de instrucción, se han mantenido haciendo.
Y es que el Distrito, por el alto volumen de casos que maneja, se estaría convirtiendo en un referente para otros tribunales en cuanto a la aplicación de medios alternos. De acuerdo con los datos existentes entre el 2021 y 2024, en los juzgados de instrucción a más de 5,444 casos se les ha dado salida mediante una de las figuras que contempla el Código Procesal Penal, el juicio penal abreviado es el más frecuente. En ese período de tiempo entraron al sistema cerca de 8,009 casos, lo que quiere decir que se acordó una salida en el 33% de los casos.
“Nosotros tenemos muchísimas iniciativas aquí: tratamiento bajo supervisión judicial. Hacemos muchísimos acuerdos, desde los primeros contactos” dijo la jueza al señalar que los jueces instan a las personas, a que se acerquen al Ministerio Público y verifiquen la posibilidad de acuerdo porque hay conducta que de entrada, ven que podrían beneficiarse de ese mecanismo.
En el año 2016, su antecesor en el cargo y hoy miembro del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, instó a la Suprema Corte de Justicia a motivar la celebración de juicios abreviados desde la medida de coerción porque el sistema estaba colapsado de lo que se consideran “casos de poca monta” que lo que hacen es distraer y gastar recursos de manera innecesaria.
La expansión de los métodos alternos de solución de conflicto, en especial la mediación y los acuerdos, ha contribuido a descongestionar los tribunales y fortalecer la confianza en la justicia, y dio lugar a una mejor calificación de República Dominicana en el Índice Mundial de Estado de Derecho 2025.
El trabajo conjunto en la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrado por el Poder Judicial, Procuraduría General de la República y la Defensa Pública, está dando resultados, dijo el presidente de la Suprema Corte Luis Henry Molina, al destacar que las mejoras en el sistema de justicia, especialmente en materia penal, permitió subir once puestos en el Índice de la World Justice Project (WJP).
La implementación del sistema de gestión de casos en materia penal a nivel nacional, así como la interoperabilidad de intercambio de información, formación conjunta y mecanismos de seguimiento para garantizar decisiones más ágiles y coherentes permitió que RD se coloque en el puesto 76 de 143 países evaluados.
Por qué tasar
El costo de las citaciones en los casos de rebeldía en el DN pareciera insignificante, pero podría dar una idea de cuánto invierte el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República para la instrumentación, investigación y judicialización de los procesos penales en un país donde el litigio es la regla.
Entre finales del año 2020 a la fecha, el Ministerio Público judicializó procesos complejos relativo a diversos actos de criminalidad: delitos contra el patrimonio, narcotráfico y criminalidad organizada,lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas y estafa.
Cada uno de ello, requirió el despliegue de amplio personal y utilización de múltiples recursos, humanos, económicos, materiales y tecnológicos. Si se tasara la inversión para dichos operativos, sumado a toda la etapa investigativa, judicialización y conclusión del proceso, ¿a cuánto ascendería lo invertido por los fiscales para presentar un caso complejo? preguntamos al Ministerio Público, pero no fue posible obtener una respuesta.
No solo el Ministerio Público, el Poder Judicial tampoco dio respuesta a nuestros requerimientos cuando se les preguntó si tiene cuantificado los costos de un proceso judicial.
La Oficina de la Defensa Pública no ha cuantificado los gastos pero su director, Rodolfo Valentín, explicó a elCaribe, que el servicio que brindan es mucho más caro que el presupuesto que tienen asignado.
“Creo que a nosotros nos falta eso. Buscar la evidencia en cuanto a costos”, enfatizó la jueza Romero al preguntarle si se ha cuantificado el costo de un proceso judicial tanto ordinario como complejo.
“Tenemos que tasar nuestros costos y cuando tengamos la evidencia que diga un proceso judicial cuesta tanto, yo creo que esto va a ponernos a reflexionar” respecto la necesidad de impulsar medios de solución de conflictos distintos al litigio penal describió la juez al señalar que un proceso judicial cuesta una cantidad, y en la medida en que se va aplazando se incrementa ese monto base.
Tasar el costo del proceso desde la etapa preparatoria hasta su conclusión tomando en cuenta los diferentes elementos, podría contribuir a que en la mesa de trabajo del Poder Judicial, la Procuraduría General y la Defensa Pública diseñen la estrategia para reducir la carga judicial en el ámbito penal. Otro aspecto que podría ser útil es hacer un cruce de información y trabajar para que los usuarios comprendan los procesos judiciales, sus etapas y responsabilidades en ellos.
Elementos a considerar
Tener los costos no solo debe extenderse a la materia penal, lo civil, comercial, administrativo y tributario, también deben tomarse en cuenta, puesto que en la reciente evaluación de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se evidenció que solo en esa alta corte había expedientes correspondientes al año 1984.
Los acuerdos que los diferentes actores de la judicatura han estado promoviendo y defendiendo, a través de la mesa técnica, podrían ser mejor comprendidos por la ciudadanía si con costos, estadísticas y mejor transparencia, se orienta a la población sobre la pertinencia de recurrir a cualquiera de los medios alternativos que propone el Código Procesal Penal, explicó la jueza Kenya Romero.
“Nosotros los operadores sabemos que los acuerdos son posibles. Pero creo que falta socializarlos más. Hacerlo más transparente. Que las personas comprendan. Involucrar a la víctima más. Pero no involucrarla con la firma, involucrarla explicándole cuál es el alcance de esto, por qué es mejor”, destacó la jueza al referir que en su jurisdicción se celebran muchos acuerdos.
Sin embargo, al hablar de lo que implica para los tribunales los casos donde hay multiplicidad de hechos, imputados y víctimas, la coordinadora de instrucción del Distrito explicó que para dar respuesta a los grandes procesos instrumentados por el Ministerio Público en los últimos años se han tenido que hacer unos cuantos ajustes, tanto en materia administrativa como de operatividad de los juzgados.
“Ciertamente es desafiante” dijo la jueza al referir que si bien en los casos complejos el plazo es diferenciado a los ordinarios, cuando se tienen requerimientos “descomunales” y con una cantidad de documentación y pruebas en una naturaleza diferente: dispositivos electrónicos, eso implica una gestión doble.
“No es lo mismo hacer la notificación a 5 personas que a 200 personas”, continuó explicando al referir que en el Distrito Nacional entre tribunales se prestaron el personal, se contrató más gente, se pagaron horas extras, incluyeron más gastos de transportación para colaboradores porque en algunos casos se tuvo que buscar sala en otra sede judicial y excluyeron, de sorteos de asignación de casos, los juzgados apoderados de casos grandes para poder concentrarse ellos y cumplir con los plazos que establece la ley.
Enfatizó que el desafío es para el sistema en sentido general: jueces, fiscales e investigadores, al destacar todos lo que debe hacer el Ministerio Público para investigar, acusar y defender su acusación en las distintas etapas del proceso. De igual modo el costo de la defensa de los imputados ya sea mediante Defensa Pública o privada.
“Con estos megacasos yo creo que se han dado bien en el sentido de que se ha podido dar respuesta logística y demás, pero creo que hay oportunidades de mejora que podríamos todos los actores favorecer con mejores prácticas”, reconoció.
Para el proceso seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otras 40 personas físicas y 22 empresas fue necesario tomar prestado la sala más grande del edificio de las cortes del Distrito, hacer inversión en infraestructura, adaptaciones al salón para hacer transmisiones en vivo, coordinar con el tribunal titular de esa sala, pagar horas extras al personal, costear gastos de transporte, contratar más personal y prestar personal al Tercer Juzgado de la Instrucción.
Las audiencias y procesos fueron tan largos, que el calendario tuvo que ser modificado en varias ocasiones y en una el juez Amaury Martínez tuvo que anexar otro día al calendario al reconocer que para él le incide en una circunstancia negativa, además de ser algo totalmente inhumano.
“Este salón utilizado está impactado no solo este salón que está acá, en cuando a ustedes y el tribunal, sino también a otras personas, otros usuarios del sistema de justicia, otros tribunales y por vía de consecuencia, hay que avanzar” dijo Martínez tajantemente ante las quejas de los abogados.
La fase intermedia comenzó en junio del 2022 y concluyó en junio del 2024.
En prisión por no pagar fianzas
Además de tasar el costo de los procesos penales, otro elemento de importancia en la administración de justicia son los gastos para la atención de las personas privadas de libertad. Valentín explicó que se tiene estimado que, por día, un preventivo o condenado le cuesta 26 dólares al sistema penitenciario. En un mes serían 780 dólares.
“Y pensar que hay privados de libertad que duran más de tres meses con una fianza de cinco mil pesos. Es desproporcional”, sentenció al referir que hay más de 400 presas por no pagar una fianza.
El expresidente del Constitucional, Milton Ray Guevara, también considera favorable para el sistema de administración de justicia el llegar a acuerdos con investigados o imputados por delitos.
Al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN a principios de este mes de octubre, recordó que desde la primera edición de su libro Institucionalidad y Justicia ha hablado del “plea bargain” o acuerdos de culpabilidad.
“Nosotros insistimos desde esa época, en los años mil novecientos, en los medios alternativos de resolución de conflictos”, refirió al enfatizar que está de acuerdo con que se hagan.
En los procesos judiciales vinculados a actos de corrupción, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha homologado acuerdos y juicios abreviados que permitieron recuperar activos que superan RD$14,950 millones.
Juzgados de instrucción DN
Salidas alternas
| Año | Año |
| 2021 | 1295 |
| 2022 | 1506 |
| 2023 | 1141 |
| 2024 | 1502 |
Cultura
“Nosotros tenemos una cultura jurídica que, aunque está basada en la oralidad, ha sido difícil montarse en que la oralidad simplifica”
