La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal en su contra y ordenar el cierre definitivo del proceso, al considerar que el expediente excede el plazo máximo establecido por la legislación dominicana.
Durante la audiencia, los abogados Carlos Balcácer y Nelys Rivas argumentaron que el caso acumula casi seis años de duración y atribuyeron la demora exclusivamente al Ministerio Público. Según sostienen, el artículo 150 del Código Procesal Penal fija un límite de cuatro años para este tipo de procesos.
Tras escuchar los planteamientos, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto aplazaron la audiencia para el miércoles 29 de julio a las 9:00 de la mañana.
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Defensa presenta estadísticas y cronología del expediente
Como parte de su solicitud, los abogados presentaron estadísticas oficiales del Poder Judicial que reflejan que entre 2024 y 2025 los tribunales acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras que rechazaron o declararon inadmisibles 2,769. Con esos datos, la defensa busca demostrar que este mecanismo constituye una garantía procesal aplicada de manera habitual en el sistema judicial.
Asimismo, Balcácer y Rivas expusieron una cronología del proceso basada en el criterio fijado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0882/25. Indicaron que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y señalaron que el cómputo del plazo legal inició el 25 de noviembre de ese mismo año, cuando se conoció la solicitud de medidas de coerción.
De acuerdo con la defensa, el proceso continuó con la imposición de medidas de coerción en julio de 2021, el auto de apertura a juicio en junio de 2024 y posteriores asignaciones del expediente a distintos tribunales, hasta acumular, según sus cálculos, cinco años, 11 meses y seis días.
Atribuyen los retrasos al Ministerio Público
Los abogados responsabilizaron al Ministerio Público por las demoras del proceso. Entre los factores mencionaron una investigación que se prolongó por casi dos años, una prórroga adicional de cuatro meses y una intimación judicial para concluir esa fase.
También señalaron problemas técnicos con un disco duro que contenía cerca de 3,000 pruebas, cuya información resultó inaccesible y debió corregirse en tres ocasiones por orden del tribunal, lo que, según afirmaron, provocó más de un año de retraso.
A esto sumaron el tiempo destinado a la lectura de una acusación de más de 12,000 páginas, la falta de respuesta a más de 50 solicitudes de documentos, retrasos en la entrega de pruebas de descargo y varios incidentes procesales, como recusaciones de jueces y la unificación de expedientes.
La defensa insistió en que dos tribunales ya habían determinado que esas dilaciones no eran atribuibles a Rodríguez ni a sus abogados. Además, recordó que el exprocurador permaneció privado de libertad durante cuatro años y sostuvo que esa circunstancia impide extender aún más la duración del proceso conforme a los estándares del derecho internacional.
Ministerio Público rechaza la solicitud
El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirta Ortiz, rechazaron la petición de la defensa y aseguraron que no existen fundamentos jurídicos para declarar extinguida la acción penal.
El Ministerio Público sostiene que ha sido el propio imputado quien ha promovido incidentes y actuaciones que han retrasado el desarrollo del juicio y el conocimiento de las pruebas presentadas en su contra.
Rodríguez enfrenta un juicio por presunta corrupción administrativa junto a varios coimputados, acusados de integrar un entramado que habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos ejecutados entre 2016 y 2020.
