La Oficina Nacional de Defensa Pública no descarta someter un recurso ante el Tribunal Constitucional ante las decisiones judiciales que le ordenan asumir la representación de empresas en casos penales.
Rodolfo Valentín, director de la entidad, informó que acatará las disposiciones del Primer tribunal Colegiado del Distrito Nacional y de la Suprema Corte de Justicia para representar a las empresas imputadas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Valentín dijo que no descarta la posibilidad de elevar el tema al Constitucional, al considerar que se trata de un asunto de especial interés, y que desborda la interpretación restrictiva del artículo 176 de la Constitución.
“Es importante reiterar que somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, sin perjuicio de los recursos oq acciones que podamos interponer contra una decisión que consideramos incorrecta”, refirió.
Manifestó preocupación por las implicaciones que podría tener la decisión del tribunal, porque esto podría producir una avalancha de solicitudes por parte de empresas y organismos privados.
Dijo que como coordinador de las Defensorías Públicas del Caribe y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), no tiene conocimiento de que exista en América Latina alguna defensoría pública que preste servicios legales gratuitos a empresas, comercios, organismos o industrias.
“Somos respetuosos de las leyes, normas y decisiones emitidas por los tribunales de la República. Por tanto, procuraremos dar cumplimiento a la decisión emitida por el más alto tribunal. ¡Se pueden ganar batallas, pero no la guerra!”, advirtió sobre el recurso de casación declarado inadmisible por la Suprema Corte.
