La Oficina Nacional de Defensa Pública denunció ayer que la Fiscalía de Hermanas Mirabal mantiene en prisión de forma ilegal a varios ciudadanos a pesar de que un tribunal ordenó su libertad hace ocho días.
Mediante un comunicado, precisó que el Tribunal Colegiado de Hermanas Mirabal dispuso el cese de la prisión preventiva de los ciudadanos, quienes han estado cumpliendo esta medida de coerción desde el 2018 en el Centro de Corrección y Rehabilitación la Isleta, de Moca.
En desacato a la orden judicial, precisó la institución que brinda servicio de defensa legal gratuita a las personas en conflicto con la ley, la Fiscalía mantiene “secuestrados” a las personas (cuyos nombres no fueron ofrecidos).
Indicó que constituye un “evidente enfrentamiento al orden constitucional y a la seguridad jurídica”, pues el tribunal comprobó que no son culpables de los hechos de los cuales el Ministerio Público los acusa.
“A pesar de esto, lo mantiene en calidad de secuestro, puesto que su retención es contraria a las disposiciones legales y constitucionales vigentes”, dijo la Defensora.
Además, explicó que la Fiscalía de Hermanas Mirabal es reincidente en el desacato de las sentencias emitidas por los tribunales de la República, por lo que, aseguraron, constantemente deben interponer acciones constitucionales de hábeas corpus y amparo en procura de que se paren estas vulneraciones de derechos fundamentales.
La Defensoría dijo que en la actualidad existe una acción de hábeas corpus el Distrito Judicial de Salcedo depositada por el defensor público Cristino Lara Cordero, con el cual buscan el cese de la vulneración del derecho a la libertad de los impetrantes.
La Oficina de Defensa Pública brinda servicio de defensa legal gratuita dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.
