El colectivo Dominicanos x Derecho denunció este jueves que el Estado dominicano continúa y agudiza los procesos de segregación y desnacionalización de más de 90 mil hombres y mujeres nacidos en este territorio, nueve años después de emitida la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Con pancartas en manos exponiendo la situación, la organización que acompaña a los afectados por el fallo, sostuvo que el Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas causados por la sentencia 168-13.
Betania Bernar, representante de los manifestantes, dijo que su cédula de identidad va a tener tres años de vencimiento y tiene que pagar $36 mil pesos para renovarla, sin embargo, las oficinas están cerradas. Ante esto, se preguntó que dónde conseguiría ese dinero “para renovar unos documentos” que no le permitirán trabajar. “No puedo tener un trabajo digno, si tengo hijos, no los puedo declarar; no puedo ni siquiera sacar una cuenta bancaria”, se quejó.
De su lado, Alberto Merré, reclamó por el cumplimiento de la Ley 169-14 y dijo que el gobierno prometió que resolvería la situación en dos años, cosa que no se ha cumplido. “Lamentablemente no podemos hacer un trabajo digno, no podemos desarrollar nuestras capacidades; podíamos tener sueños y metas, pero lamentablemente estamos troncados”, subrayó.
Otro de los portavoces del grupo, Zacarías Tusent señaló que la Junta Central Electoral pone trabas al momento de solicitar cualquier tipo de servicios. En ese sentido, explicó que a un grupo de 27 mil personas se le restituyó su documentación, pero que él mismo está siendo transcrito a otro libro y demandado en tribunales”, además de exigirles una documentación que no se le pide al resto de la población.
“Vemos detenciones arbitrarias por parte de las autoridades en los barrios, bateyes…pareciera como si fuera pecado ser hijo de inmigrante en este país. También se registró en un año más de 800 detenciones tratando de expulsar a esos dominicanos de su país, cuando nacieron aquí y tratan de desarrollarse como otros miles”, aseguró.
Durante una manifestación frente al edificio de las Oficinas Gubernamentales, en las inmediaciones del Palacio Nacional, Dominicanos x Derecho indicó que, a pesar de las promesas de solución en su programa de gobierno, las actuales autoridades han recrudecido “la lógica de acoso y discriminación” de nacionales por el origen migrantes de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social.
Más detalles de la denuncia
El colectivo señaló que hace dos años el Ministerio de Interior y Policía “cerró abruptamente” la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, “dejando nuevamente en el limbo” a los 7 mil 948 dominicanos que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización y se les entregó una documentación provisional.
“Actualmente esos documentos están vencidos y no tienen ninguna respuesta de las autoridades sobre los mecanismos de acreditación de su nacionalidad”, detalló.
Las organizaciones que integran la plataforma, sostuvieron que Interior y Policía, también, hace caso omiso a los dos decretos presidenciales 262-20 del expresidente Danilo Medina y 297-21 del actual mandatario, Luis Abinader, que concedieron la nacionalidad por naturalización especial a 799 personas, ya que no ha notificado ni permitido que los beneficiarios completen el procedimiento para obtener los documentos que acrediten su nacionalidad.
“Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país. El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado, lo que vulnera el derecho al libre tránsito y limita las oportunidades de progreso. En lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominicanos de su propio país”, manifestaron.
Los manifestantes dijeron que en los últimos dos años se ha agravado la situación de dominicanos que viven en comunidades rurales y urbanas marginales, debido a su condición de indocumentación. Las autoridades realizaron detenciones arbitrarias y más de 800 intentos de expulsión de ciudadanos nacionales en este país, agregó.
“Reiteramos el llamado al presidente Luis Abinader a retomar los espacios de trabajo, escuchar las voces de las y los dominicanos afectados por la negación de sus documentos y falta de acreditación de su nacionalidad, le invitamos a conocer la realidad de sus comunidades y avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven”, ponderó el colectivo.
