Depositan querella contra Gonzalo y Ramón Pepín por malversación de fondos públicos

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Contra los exministros de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo y Ramón Pepín  fue depositada una querella por el supuesto manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos en la compra de Hormigón Asfáltico Caliente.

La organización cívica no partidista Sed de Justicia depositó ayer en la Procuraduría General de la República querella donde afirman  que Castillo y Pepín, supuestamente en el ejercicio de sus funciones cometieron malversación de fondos públicos y defraudación  en la compra grado a grado de más de  19,000 millones de pesos en Hormigón Asfáltico caliente (HAC), en los periodos abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.

Indicó que esto se evidencia en las documentaciones oficiales del propio  Ministerio, y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas  que, explicó,  encontró graves violaciones a la Ley, y el posible contubernio de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos  envueltos en estas operaciones ilegales.

La organización, representada por su presidente el  empresario financista Franc Rosario, sostuvo en el documento que las supuestas actuaciones de los exfuncionarios constituyen una falta grave por las  implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado  Dominicano, al no disponer de opción para elegir los mejores precios la mejor calidad  y mejores condiciones comerciales bajo preceptos de transparencia y racionalidad  que manda la ley.

Expuso que el 19 de diciembre del pasado año, en el programa El Informe, del cual anexaron  un cedé, se  reveló que en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado agrado a compañías previamente elegidas  por él, a las que compró más de RD$11500 millones de pesos en hormigón asfaltico  caliente HAC, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de  coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese ministerio,  encabezados por Castillo Terrero y Pepín, a la sazón ministros de Obras Públicas en los períodos investigados, pues el segundo fue el sustituto del primero.

La organización cívica no partidista dijo, también, que a la fecha se desconoce el destino dado por Castillo y Pepín  a las compras de hormigón asfaltico caliente, que agregó, fueron hechas fuera de la ley y los controles existen,

“Prevaleciendo serias dudas sobre la certeza de que los materiales asfálticos pagados  de manera fraudulenta por los señores Castillo y Pepín en ejercicio de sus  cargos llegaran efectivamente a mano del Ministerio de Obras Publicas y de que se  les diera el uso institucional objeto de la supuesta necesidad usada como argumento  para realizar compras al vapor a empresas previamente seleccionadas, cosa esta que  deberá comprobar el Ministerio Público en sus diligencias , como obedeciendo a un  patrón con todas las características de Cosa Notu, o concierto para delinquir bajo la sombra de un cartel del asfalto”, expuso.

Manifestó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, de la cual dijo que pese a que  en todo momento se negó a suspender las compras ilegales dictando las medidas  cautelares o cancelación por las evidencias abrumadoras de que se estaba frente a  un grupo delictivo que procuraba defraudar al Estado, ha publicado en esta fecha un  informe que remitió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en  el que concluye en que, “más allá de toda duda razonable, ciertamente los señores  Castillo y Pepín violentaron la Ley 340-06 y otras leyes que castigan la  corrupción en el manejo de los fondos del Estado, y pudieron haberse constituido en  asociación de malhechores junto a los miembros del Comité de Compras y  funcionarios de diferentes niveles del Ministerio de Obras Públicas para defraudar al  Estado, informe que ha sido del conocimiento de toda la opinión pública al poner al Ministerio Público en conocimiento de estos hechos ilícitos”.

Asimismo, sugirieron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Berito, que para  asegurar que los implicados no se sustraigan al proceso investigativo o  puedan maniobrar para entorpecer la acción de la justicia, se adopten de  medidas cautelares provisionales de impedimentos de salida, e inmovilización de los  bienes de Castillo y Pepín, incluyendo el bloqueo de los activos y  cuentas de bancos personales y de las empresas vinculadas Grupo GAMPSA ( Helidosa  Aviation Group, Constructora Castillo López S.A., Minicompsa & Perla Del Sur Investment  Group) así como otras empresas y bienes muebles o inmuebles que el Ministerio Público determinen estén vinculadas, y otros funcionarios que resulten implicados en los hechos denunciados.

 

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