El discurso del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, sobre la penetración del narcotráfico en la política dominicana desató una fuerte ola de críticas desde la oposición y la sociedad civil, que lo calificaron de insuficiente, tardío y carente de autocrítica.
La oposición política y otros sectores consideraron que las declaraciones oficiales en torno a los casos de narcotráfico que involucran a miembros del partido gobernante resultan “insuficientes, extemporáneas y carentes de una autocrítica sustancial”.
Los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionaron con dureza, acusando al oficialismo de “irresponsabilidad” y de carecer de autocrítica frente a los escándalos.
José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, afirmó que el PRM “llenó su boleta de candidatos vinculados al narcotráfico” y que los casos de extradiciones son “exclusivos del PRM”, y advirtió que la existencia de una procuraduría independiente no exime al partido de su responsabilidad política.
En la misma línea, Johnny Pujols, secretario general, sostuvo que la falta de controles internos permitió el ingreso “masivo” de narcotraficantes en las filas del oficialismo, mientras que Víctor Fadul calificó las declaraciones de Paliza como “irresponsables” por tratar de desviar la atención hacia la oposición.
Por su parte, Francisco Domínguez Brito instó al presidente del PRM a “hablar claro” y revelar los nombres de los dirigentes que, según sus advertencias, podrían ser extraditados, señalando que la sociedad “merece claridad” y no simples insinuaciones. De su lado, Charles Mariotti propuso instaurar la figura de la “silla vacía” para los legisladores acusados de narcotráfico, y subrayó que la lucha “no puede quedarse en discursos” y que el PRM debe asumir las consecuencias de sus casos.
Mea culpa implícito
La Fuerza del Pueblo (FP) también arremetió contra el discurso de Paliza, calificó sus palabras como un “mea culpa implícito” frente al financiamiento ilícito en campañas políticas.
Rafael Augusto Castillo, vocero de la FP en la Cámara de Diputados, cuestionó que el oficialismo asumiera responsabilidades de manera indirecta y sin reconocer plenamente los errores, enfatizó que el problema no es la falta de leyes, sino la voluntad de aplicarlas.
En la misma línea, el secretario general Antonio Florián (Peñita) calificó el mensaje como “tardío” e irresponsable, mientras que Rafael Paz, presidente de la FP en el Distrito Nacional, advirtió que el país enfrenta una “crisis de confianza”.
De su lado, el partido Frente Amplio, presidido por María Teresa Cabrera, advirtió que el país no necesita más descripciones del problema, sino “cirugía mayor”, porque el diagnóstico está claro.
Reclamaron que el verdadero “cambio” que pregona el oficialismo debe expresarse en reformas electorales profundas y robustas que levanten muros legales contra el “dinero sucio”, y advirtió que mientras el sistema político siga siendo vulnerable, la influencia del crimen organizado persistirá.
“Lo que existe es continuidad de la permisividad y falta de controles efectivos”, señaló Cabrera.
En tanto que, Organizaciones como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtieron que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la voluntad de aplicarlas, mientras que sectores empresariales y académicos alertaron sobre la creciente crisis de confianza en las instituciones.
Reclaman depuración ética de candidaturas
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recalcó que el Congreso no debe permanecer impasible ante la infiltración del narcotráfico en el ámbito político. Consideró necesario que las agrupaciones políticas asuman con rigor la depuración de sus postulaciones y garanticen que las nóminas electorales reflejen un compromiso ético y una transparencia incuestionable, ya que, de lo contrario, se comprometería la credibilidad del sistema democrático.
Pacheco enfatizó que la lucha contra el crimen organizado debe trascender la mera retórica y materializarse en acciones institucionales concretas que refuercen la confianza de la ciudadanía. De su lado, la diputada oficialista Soraya Suárez afirmó que en el discurso de José Ignacio Paliza “faltó pedirle excusas al país”, al considerar que el PRM debió reconocer el error de haber presentado una boleta con candidatos cuestionados, algunos posteriormente extraditados. Señaló que “todos fuimos víctimas” de aspirantes que actuaron con dinero ilícito y subrayó que el narcotráfico y el lavado de activos han penetrado profundamente en la política, por lo que urgió a depurar las candidaturas y excluir a quienes no cumplan con estándares éticos, recordando que cualquier inconformidad podía resolverse en los tribunales.
