Defensa Pública denuncia que no se garantiza condiciones dignas en todos los centros penitenciarios
En el año 2003, la República Dominicana logró un importante avance en la transformación de su sistema penitenciario con la implementación de los Centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Sin embargo, pese a los esfuerzos de reforma, las violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad continúan presentes, incluso en los recintos reformados.
De acuerdo con el Informe 2023 de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, las condiciones en que viven miles de internos en la República Dominicana aún vulneran de forma sistemática derechos básicos como el acceso a la salud, a la alimentación, a un entorno digno y libre de violencia.
El sistema penitenciario dominicano convive hoy entre dos modelos: el tradicional, con 21 recintos caracterizados por el hacinamiento, la falta de control institucional y la violencia estructural, y el nuevo modelo, instaurado como una apuesta a la rehabilitación, con espacios más adecuados y programas orientados a la reinserción social.
Las diferencias entre ambos modelos son drásticamente notables. En muchos de los centros del nuevo modelo, los internos disponen de espacios más amplios, condiciones mínimas de higiene, acceso a la luz natural, ventilación, servicios médicos básicos y alimentación regulada.
La disciplina es gestionada por personal capacitado y los programas de formación y trabajo han sido claves para reducir la reincidencia.
La nueva gestión del sistema penitenciario implementada data del 2003. En esa época, la reforma alcanzó a unas 23 cárceles que entraron al esquema de Centros de Corrección y Rehabilitación, en los que a los privados de libertad se les enseñaba un oficio.
Sin embargo, no todos los centros del nuevo modelo operan con el mismo nivel de eficiencia ni garantizan plenamente los derechos de los internos.
En su más reciente informe (2023), la Defensa Pública reconoció que en algunos ocho centros del “Nuevo Modelo” no se reportaron anomalías relacionadas con la preservación de la dignidad humana.
No obstante, el informe también advierte que, en 15 de estos recintos, existen deficiencias estructurales, sanitarias y de derechos humanos, como hacinamiento, la falta de personal médico, la escasez de alimentos y medicamentos, así como malos tratos físicos y condiciones indignas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, advirtió que el sistema penitenciario del país atraviesa una crisis profunda, luego de haberse estancado tras los avances alcanzados con la creación del denominado Nuevo Modelo Penitenciario.
Mercedes afirmó que en los últimos cinco años el sistema “retrocedió del cielo a la tierra”, luego de que inicialmente se destacara por eliminar prácticas como el hacinamiento, los maltratos, las torturas y las fugas en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
“Es que hubo un retroceso del cielo a la tierra. Después que se eliminaron los elementos como el hacinamiento, maltrato, tortura y fuga de los privados de libertad, volvieron aparecer cosas que no sucedían en los Centros de Corrección y Rehabilitación”, expresó el defensor.
Mercedes reconoció que, al comparar los CCR con los Centros de Privación de Libertad (CPL) del viejo modelo, persisten diferencias notables, pero aclaró que esas mejoras iniciales se han debilitado con el tiempo.
“No nos podemos conformar con decir que los CCR son mejores que los CPL. Eso hay que reconocerlo, pero ya no es como cuando se inició ese modelo”, agregó.
El presidente de la CNDH-RD sostuvo que, aunque las condiciones actuales podrían parecer “menos graves”, persisten violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo cual contradice el propósito reformador del Nuevo Modelo.
“Es cierto que las condiciones aquí son menos graves, pero para los Derechos Humanos eso no significa que no hay una violación sistemática de los derechos fundamentales”, indicó Mercedes.
Como ejemplo del deterioro, señaló los casos de Najayo Hombres y Rafey Hombres (Santiago), donde en los últimos años se han registrado hacinamiento, motines y denuncias de maltratos, situaciones que “ya se creían superadas” dentro del modelo reformado.
¿Por qué hay sobrepoblación?
El exceso de población en los centros penitenciarios de la República Dominicana responde a causas estructurales que combinan prácticas procesales, debilidades administrativas y falta de alternativas al encarcelamiento, coincidieron el juez Rafael Armstrong Báez García y el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos.
El juez, de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, afirmó que el sistema está “muy prisionizado”.
“Más del 64% de la población penitenciaria está en condición preventiva”, lo que, explicó, evidencia que los procesos son lentos y producen un efecto dominó que sobrecarga a los tribunales y al sistema penitenciario.
“Al haber una cantidad inmensa de casos que se judicializan, se cargan los tribunales; se sobrecarga el sistema penitenciario, por eso la capacidad de respuesta no es tan eficiente como debería ser”, señaló el juez.
Para Armstrong Báez García, la aplicación desmesurada de la prisión preventiva ha sido una herramienta cuyo uso excesivo ha provocado el colapso del sistema.
Por su parte, el defensor público Rodolfo Valentín Santos apuntó a la existencia de múltiples vías alternativas para resolver conflictos dentro del Código Procesal Penal y sostuvo que esas opciones no se aplican con la suficiente frecuencia.
“Hay más de cinco medidas alternas de solución de conflictos en el Código Procesal Penal, y el artículo 2 señala que solo los casos de relevancia deben llegar a la vía judicial; los demás deben resolverse mediante políticas estatales de solución de conflictos”, destacó.
Valentín Santos resaltó además la diferencia en niveles de acuerdos en materia penal entre jurisdicciones: “En la República Dominicana solamente se acuerda menos de un 11% de los casos; Puerto Rico acuerda en cerca de un 95% y Miami sobre un 97%”, un indicador —dijo— de que los procesos litigiosos y costosos terminan manteniendo a muchas personas privadas de libertad.
El titular de la Defensa Pública explicó que “cuando las cárceles son administradas por policías o militares y no por civiles especializados en gestión penitenciaria y derechos humanos, aumentan la corrupción, el maltrato y la falta de políticas de rehabilitación”.
Asimismo, Valentín Santos criticó la mezcla de funciones del Ministerio Público en el manejo del sistema penitenciario. “Las cárceles son reguladas por el Ministerio Público; el fiscal persigue, imputa, acusa y encarcela y además administra —eso es un contrasentido—. ¿Crees que después de meter a una persona presa van a velar por ella? ¿Te van a tratar bien después de golpearte?”, cuestionó el defensor.
En esta segunda entrega de una serie especial de tres sobre el sistema penitenciario dominicano, a continuación se presenta un resumen detallado de las condiciones actuales en las que operan los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) o del “Nuevo Modelo”.
CCR XVI El Pinito, La Vega
Área médica en precariedad, goteras, sin utensilios ni medicamentos. No hay médico, solo personal de enfermería. Enfermedades comunes: virosis, hipertensión, diabetes, epilepsia, 28 enfermos mentales, 7 con VIH y 1 con tuberculosis. Sin apoyo de Salud Pública.
CCR Isleta, Moca
Celdas deterioradas y hacinadas; internos sin colchones. Área en remodelación. Alimentación insuficiente y de mala calidad; los alimentos llegan dañados o en cantidad reducida.
CCR San Felipe, Puerto Plata
Denuncias de agresiones físicas por parte de los VTP. Comida elaborada por internos sin pago, de baja calidad y sin valor nutritivo. Celdas de reflexión con hacinamiento y sin condiciones higiénicas (baños sin inodoros).
CCR Vista al Valle, SFM
No hay médico fijo, solo pasantes y enfermeras. Área médica deteriorada y mal equipada; los medicamentos se almacenan en un baño adaptado. Sin psicólogo ni psiquiatra; 28 pacientes mentales sin tratamiento adecuado y sin registros.
CCR Rafey Hombres, Santiago
Centro con gran sobrepoblación (905 internos) y la estructura se inunda. Alimentación insuficiente y de mala calidad. Denuncias de maltratos físicos. Área de máxima seguridad vulnera la intimidad (inodoros dentro de celdas). Internos duermen en el suelo sin colchones.
CCR Rafey Mujeres, Santiago
Techos con filtraciones; el agua cae sobre los camarotes. Las internas colocan fundas plásticas para evitar mojarse mientras duermen.
CCR IV Valverde Mao
Hacinamiento severo por adición de camas improvisadas pegadas al techo. Denuncias de maltratos físicos a internos en el área de reflexión.
CCR IV Dajabón
Diseñado para 90 personas, alberga 170. Readecuación de espacios redujo el tamaño de las celdas, lo que genera hacinamiento.
CCR XVII Najayo Hombres
Hacinamiento crítico, falta de colchones (casi 500) y uniformes (941). Humedad, poca ventilación, baños en mal estado y sin higiene. Escasez alimentaria y medicamentos. No hay ambulancia ni espacio adecuado para visitas conyugales.
CCR XX Najayo
Aunque hay respeto general entre internos y autoridades, se reportan agresiones físicas en el área de máxima seguridad como método disciplinario, violando la integridad humana.
CCR XI San Pedro de Macorís
Área médica deteriorada y sin medicamentos. Celdas con humedad, falta de agua, ventilación y luz. Los baños funcionan solo algunos días a la semana. Internos duermen en el suelo sin colchones.
CCR XV Cucama, La Romana
Sin psiquiatras pese a tener 18 pacientes mentales. Los familiares deben comprar los medicamentos. Hacinamiento: 47 internos en el área de observación y más de 10 sin colchones.
CCRM XXI (Centro para Militares)
Falta de ventilación, de luz eléctrica y agua corriente. Los internos deben cargar cubetas de agua. Baños en mal estado; los inodoros están dentro de las habitaciones, afectando la dignidad e higiene.
CCR Elías Piña
El centro tiene limitado acceso a medicamentos; solo recibe algunos genéricos insuficientes. Atención médica parcial e inconstante.
Esta serie de tres entregas culmina mañana con un enfoque en las precarias condiciones que enfrentan los privados de libertad que padecen trastornos mentales.
