La investigación crítica de Participación Ciudadana sobre la Ley de Partidos-33/18- y del régimen electoral, establece que en las últimas décadas la normativa legislativa del país para el sistema electoral y de partidos políticos ha experimentado más de 20 cambios para acomodarlo a los intereses políticos de quien controla el poder en cada coyuntura.
“En las últimas décadas, la República Dominicana acumula más de veinte modificaciones legislativas orientadas a redefinir las condiciones bajo las que se accede al poder, la más reciente de ellas en octubre del 2024”, establece la parte introductoria del informe presentado por el movimiento cívico.
A pesar de eso, el propio informe de Participación Ciudadana está enfocado en impulsar nuevos cambios a las leyes electorales, según dice, para generar mayor equilibrio entre las fuerzas políticas en aspectos como el acceso a los cargos plurinominales y la distribución de los recursos del Estado a los partidos políticos.
“Este frenesí reformista —es decir, la dinámica recurrente de reformas y contrarreformas, ajustes y reajustes— obedece a la interacción de tres factores clave: instrumentalización política de los cambios en las reglas del juego, falta de consensos amplios y la ausencia de diagnósticos sólidos previos”, puntualiza.
El documento establece que la necesidad de restablecer la credibilidad del régimen tras una crisis de legitimidad, responder a las presiones de la sociedad civil y las recomendaciones de organismos internacionales, son disparadores habituales de una reforma. “Sin embargo, lejos de ser procesos guiados por la neutralidad técnica, las reformas electorales están fuertemente influenciadas por los intereses estratégicos de la élite gobernante”, afirma.
Añade que, a menudo, la élite política busca alterar las reglas de juego en su favor, de manera que mejoren su posición competitiva y les permitan retener el poder. Señala que la visión cortoplacista impulsa reformas más ancladas en la obtención de réditos electorales inmediatos, que alineadas con la resolución de disfuncionalidades estructurales.
“Cuando son aprobadas sin acuerdos duraderos entre el Gobierno y la oposición o sin un respaldo ciudadano mayoritario, las eventuales variaciones en la correlación de fuerzas generan inestabilidad normativa. Estas reformas, concebidas para maximizar cuotas de poder y debilitar a la competencia, son revertidas tan pronto sucede una alternancia”, afirma la investigación.
Explica que la volatilidad de las normativas electorales imposibilita el aprendizaje institucional. “Las reglas de competición cambian con rapidez, impidiendo que sean internalizadas por los actores y que las instituciones acumulen conocimiento técnico, de modo que los efectos positivos esperados no aparecen o nunca llegan a consolidarse”, establece.
Sin embargo, observa el informe, que a pesar de que las normas del juego político y electoral cambian, los actores políticos del sistema mantienen la misma conducta. “Pese a que los marcos legales cambian, la cultura y las prácticas políticas permanecen intactas, generando institucionalidad débil sin capacidad de modificar el comportamiento de los actores mediante incentivos. Esta discrepancia entre la aparente modernización electoral y la persistencia de los problemas que pretende abordar, erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático”, plantea el estudio.
Asimismo, dice que las reformas no están acompañadas de evidencia de calidad, evaluaciones rigurosas previas o mecanismos de monitoreo para medir su impacto. “Sin fundamentos empíricos robustos, las modificaciones improvisadas al calor de los vaivenes políticos, conveniencias coyunturales o la importación de modas internacionales, no producen los resultados deseados y, en bastantes ocasiones, generan efectos negativos fácilmente anticipables”, plantea el estudio.
Sobre firmas para independientes
El estudio de Participación Ciudadana señala que para los nuevos partidos y candidatos independientes presidenciales, este criterio que plantea el proyecto de ley de la Junta Central Electoral debe ser sustituido por un criterio geográfico más razonable, o un criterio demográfico que solicite contar con un mínimo de credenciales en las provincias que concentran al grueso del electorado.
“Un aspecto crítico en el proceso de validación de firmas es la fiabilidad de los padrones partidarios. En las primarias del 2023, las formaciones presentaron a la JCE listas que, en su conjunto, superaban los 4 millones de afiliados, englobando a más de la mitad del electorado. Las encuestas señalan reiteradamente que la militancia se sitúa alrededor del 20%, lo que revela la existencia de padrones grotescamente adulterados”, refiere el informe.
La investigación sugiere que para usar la afiliación de los padrones partidarios como referencia sería necesario que la JCE haga una validación de su autenticidad, pues de lo contrario no son creíbles. “A menos que una depuración de duplicidades e inscripciones fraudulenta coercitivas, no consentidas e inerciales— suceda, o la JCE dirija un levantamiento basado en una conceptualización rigurosa del afiliado, en su estado actual, los padrones partidarios no deben servir de baremo para cotejar la afiliación política de los firmantes”, apunta.
Dijo que de no hacerse esa tarea, se corre el riesgo de que decenas de miles de avales sean invalidados, por entenderse afiliados ciudadanos que nunca militaron, fueron imples simpatizante en el pasado o ni siquiera tienen conciencia de haber sido censados
