El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó ayer que endureció el proceso para adquirir y traspasar armas de fuego.

La institución anunció que para tener un arma o traspasarla, el ciudadano deberá tener una autorización por parte de Interior y Policía.

Jesús Vásquez Martínez, ministro del MIP, explicó que eran “deficientes” y “tortuosos” los servicios relacionados a la emisión, renovación y traspaso de armas de fuego.

Vásquez Martínez expresó que ante tal situación esa institución fue objeto de críticas y denuncias ciudadanas por irregularidades, tráfico de influencia, entre otros.

“Llegó el momento de ponerle fin a la vieja práctica que sirvió como caldo de cultivo para fomentar el caos y el desorden que, además de violentar la ley, contribuyó grandemente a la proliferación de armas ilegales que están por las calles del país”, dijo Vásquez Martínez durante la reapertura de la dirección de Armas del Ministerio de Interior y Policía.

De acuerdo a lo informado, Interior y Policía determinará si el solicitante se encuentra apto para el porte y la tenencia de armas, por lo que se le realizarán pruebas psiquiátricas/psicológicas, pruebas de antidoping, de alcohol, polígono y una depuración en los sistemas de investigación nacionales.

La persona realizará los servicios de manera semipresencial al acceder a la página web de la institución y agotar un proceso de registro y de selección del servicio, sea de expedición de licencia por arma nueva, renovación o de traspaso.

Luego, el solicitante procederá a completar un formulario con sus datos y a continuación el sistema, de manera aleatoria indicará el psiquiatra, laboratorio y polígono en el que se realizará las evaluaciones correspondientes. Se habilitó el piso 11 del edificio de Oficinas Gubernamentales “Huacal” para atender las solicitudes.

Para denunciar irregularidades emisión

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, informó ayer el funcionamiento del canal de comunicación confidencial marcando *788 para que todo ciudadano denuncie cualquier irregularidad que surja en los servicios de emisión, renovación y traspaso de armas de fuego para garantizar la eficiencia de esos procesos y fortalecer la transparencia.

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