Juristas coinciden en que ha faltado voluntad política para aprobar la extinción de dominio que ya es una realidad en al menos nueve países de la región.
Resistencia, desconocimiento y falta de voluntad de gobiernos poco transparentes son algunos de los obstáculos que enfrentaron países de la región de América Latina para tener hoy una Ley de Extinción de Dominio con la cual atacar las finanzas del crimen organizado.
Esos aspectos son destacados por el abogado y exfiscal Gilmar Santander y el magistrado Julio Ospino, quienes participaron en el primer proyecto modelo sobre Extinción de Dominio para la implementación de esta ley en países como Colombia, México, Guatemala y El Salvador.
Antes de la aplicación de la normativa, estas y otras naciones de Latinoamérica se encontraban limitadas en su lucha contra la criminalidad organizada, sus efectos y la persecución del patrimonio ilícito. “Las autoridades de los países se dieron cuenta que si se aborda desde el derecho penal los resultados no son los más óptimos por una sencilla razón: puedes tener la lucha de los carteles, como sucedió aquí en Colombia, perseguir a los delincuentes, someterlos a la justicia, pero si usted no le quita la infraestructura, el patrimonio y las ganancias ilícita, pues el problema va a seguir”, explica Santander.
Añade que la manera más efectiva de combatir la delincuencia es abordarla desde un enfoque integral. Advierte que dejarles el dinero ilícito a estos grupos es acomodarles la infraestructura para que continúen delinquiendo y sigan siendo poderosos, fuertes y amenazantes.
“Aquí los carteles eran desafiantes por la sencilla razón de que eran ricos. La guerrilla de Colombia hasta hace poco era rica, porque tenía narcotráfico, secuestro, extorsión, muchas actividades delictivas y prácticamente más que un grupo de insurgentes era un cartel y el poder económico los hacía desafiantes y poderosos”, narra.
Describe que cuando nació la ley de Extinción del Derecho de Dominio, el país suramericano vivía una época en la que el derecho penal no era eficiente, porque aun capturando a los delincuentes, ellos se quedaban con sus fortunas. “Entonces terminaba el Estado lavándoles los activos, porque como no accionaba contra los bienes, simplemente se conformaba con la sentencia penal”, sostiene.
Como ejemplo puso a Centroamérica, donde tres países del triángulo norte tienen Ley de Extinción de Derecho de Dominio. Región, en la que, desde su óptica, las organizaciones criminales se fortalecieron como consecuencia de la debilidad de los sistemas jurídicos.
No obstante, precisa que cuando los países comienzan a ejercer presión, a tener herramientas fuertes para luchar contra la riqueza ilícita logran desvertebrar el sistema, como sucedió en Honduras, El Salvador y Guatemala.
“A veces es más fácil combatir una organización criminal cuando usted le quita la infraestructura, la capacidad económica, el músculo financiero. La experiencia la tenemos, generalmente, cuando se persigue a un delincuente si él tiene dinero, pues él hace lo que quiere. Cuando el delincuente tiene su dinero y su capacidad, sigue siendo poderoso. En cambio, cuando se le quita el dinero ya nadie los respeta ni siquiera los otros delincuentes”, agrega.
Para tener una idea de la cantidad de dinero que mueven las actividades ilícitas, encabezadas por el narcotráfico y la corrupción en Colombia, el magistrado Julio Ospino puntualiza que en los últimos cinco años la suma de bienes aprehendidos, tales como fincas, villas, vehículos de lujo, inmuebles, muebles, aeronaves y dinero en efectivo, alcanza los 1,400 a 1,500 millones de dólares anuales.
Indicó que solo en el 2020 se recuperaron fortunas en los procesos de extinción de dominio por valor de 3 mil 750 millones de dólares.
Sectores oscuros
Al ser consultados sobre los principales obstáculos que impiden la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio en la República Dominicana, el exfiscal Alejandro Moscoso Segarra no descarta que existan sectores oscuros que se filtran en las instituciones y tratan que los procesos legislativos que les afectan no se den.
Al referirse a la Ley de Lavado de Activos explica que una debilidad de esta normativa radica en que la mayoría de las personas condenadas por narcotráfico en Estados Unidos, los bienes no le eran tocados en territorio dominicano.
“Ese individuo venía a gozar de esos bienes y, posiblemente, a utilizarlos para cometer otras infracciones, porque no hay un disuasivo”, señala.
Para el exprocurador Francisco Domínguez Brito, desde el punto de vista institucional, es una vergüenza que la República Dominicana no cuente con una Ley de Extinción de Dominio.
“Aquí se ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, la Ley de Lavado se sacó rápido porque también había un conjunto de presión interna e internacional para que se aprobara, y muchos actores se pusieron de acuerdo; y es una de las leyes más fuertes de América Latina. La de extinción de dominio, como es una figura “rara”, compleja y como tal vez no hay una voluntad para que se apruebe ni en la opinión pública ni en los actores políticos, tal vez por eso se le ha dado larga a ese asunto”, considera.
Diplomado
Dayana Acosta, Mary Yerlyn Paula, Petra Rondón, Jeni Polanco, Teolenis Cuevas y Diana Rodríguez forman parte del equipo que realizó esta investigación.
